Manuel Terán

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La designación del economista Richard Martínez como nuevo ministro de Finanzas es un anuncio positivo que indica que, al final, parece que el régimen se inclinó por liberarse de esas ataduras ideológicas que lo tenían maniatado, las mismas que ningún resultado le han brindado en su primer año de gestión. Se ha buscado un perfil profesional más técnico, alejándose de la visión exclusivamente política, para intentar impregnar pragmatismo a una cartera de Estado que poco o nada ha aportado para paliar una situación que nos agobia. Dos serán las principales tareas que, como prioritarias en la agenda, el nuevo Secretario de Estado. Una reestructuración de la deuda lo que, por una parte, implica negociar con el mayor acreedor del Ecuador, el gigante asiático, al cual deberá convencerle de la urgencia de ampliar el plazo de las obligaciones, así como bajar las tasas de interés a las que se contrataron esos préstamos; y, por otra parte, conseguir el apoyo de los organismos multilaterales, cuyo soporte es fundamental para pensar en una política crediticia de mediano y largo plazo que evite que los escasos recursos locales se destinen básicamente a la amortización de los pasivos, quedando poco o nada para la atención de los sectores más necesitados y para la inversión pública a la cual no hay como desatenderla del todo.

Lo más importante es que el Gobierno emite un mensaje indicando que está refrescando su equipo económico, con lo que ayudará a que la confianza se vaya recuperando de a poco. A no dudarlo, esa es la vía. Obviamente lo trascendental será que al nuevo funcionario se le permita hacer su trabajo y se lo respalde en las delicadas acciones que deberá emprender. Para ello hay que reparar en el trabajo que sin mayor aspaviento viene realizando en la cartera de hidrocarburos un técnico con experiencia, que conoce el sector y trata de sacarlo a flote tras la tormenta que soporto esa secretaría de Estado a cargo de personas que, como se ha revelado, únicamente estuvieron preocupadas de llenarse los bolsillos de manera deshonesta e impúdica.

Hay dos anuncios adicionales que indican que se busca cortar con las prácticas del gobierno anterior. El aviso que se enviará un proyecto de ley para cerrar la Supercom, ese organismo creado para satisfacer el ansia de persecución y acoso a los que pensaban diferente, hay que recibirlo con beneplácito. No como una concesión de ningún tipo sino como la respuesta a la demanda del país de restaurar derechos en el que la libertad de opinión es fundamental.

Por último, la noticia que se procederá a la venta de los medios en manos del Estado, que sirvieron como instrumentos para intentar imponer una visión unitaria y totalitaria, es reconfortante. Hay que abogar por que los ecuatorianos no olviden esta aciaga experiencia, donde se advirtió el colmillo absolutista y fanático de unos audaces autodenominados revolucionarios. Ojalá sea el arranque de una etapa que nos conduzca a la restauración de la República.