¿Dónde está el buen vivir?

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marauz@elcomercio.com

Es sábado, un conductor de un poco más de 20 años circula a más de 60 kilómetros por hora en el carril izquierdo de la avenida Eloy Alfaro, en el sentido sur-norte; usa su mano izquierda para mantener prácticamente incrustado en la oreja un teléfono móvil, y no deja de hablar animadamente mientras conduce el SUV de papá. Está tan concentrado que apenas mira la vía e incluso ignora mis ademanes de desaprobación mientras nos detenemos en la luz roja.

Cuando por fin se percata del mundo que lo rodea, ha terminado de hablar y junto con una mirada furiosa lanza un desafío: marca un nuevo número y vuelve a su distracción. Cuando se aleja un poco aparece detrás de él un hombre de unos 45 años, probablemente padre de familia, en un sedán también color plata, igualmente muy ocupado en charlar mientras conduce. Se amosca un poco por mi reprimenda visual, en la siguiente intersección gira a la izquierda y desaparece.

Vienen a mi mente las elevadas estadísticas de accidentes en las carreteras nacionales y en las principales ciudades del país. No se trata de muertes, heridas y lesiones permanentes causadas por delincuentes, sino por personas comunes y corrientes que viajan por necesidad o por placer y que tienen muchas razones para cuidar su vida. Y también viene a mi mente la gran cantidad de normas vigentes, los controles de velocidad que nadie aplica, la metida de mano en la justicia que no arroja mejoras visibles en cuanto a juzgamientos y sanciones.

No es solo cosa del Gobierno sino de las otras instancias del Estado. En Quito también están vigentes normas para sancionar a quienes beban o escandalicen en lugares públicos, más aún si son turísticos, pero las calles y sobre todo los parques siguen siendo sitios de diversión hasta la madrugada, cuando, si los vecinos tienen suerte, los policías se acercan a rogar a los farristas que por favor se retiren. Y todo sigue como si nada, hasta la siguiente noche. Nadie reporta la infracción ni la juzga.

Otra cifra inquietante, que si bien no tiene nada que ver con las anteriores pero que sorprende porque contradice la mejora de los indicadores sociales en el país desde inicios del siglo, es la alta prevalencia de embarazos juveniles. Sigue latente un problema asociado a la falta de educación y a condiciones de marginalidad y maltrato, y que coarta las oportunidades tanto de las madres adolescentes como de sus hijos.

Tenemos un Estado con fuerte incidencia social, un sistema punitivo que aparentemente no sirve -como creían sus mentores- para disuadir, un sistema legal reformado, pero estamos lejos de una ciudadanía responsable: los derechos de los otros no aparecen en nuestro radar. Ha habido estabilidad y hay más consumo, pero la sociedad, su clase media, en lugar de volverse más deliberante y solidaria, sigue alejada del verdadero buen vivir.