El Gobierno ha hecho pública la decisión de emitir bonos del Estado para pagar a los jubilados del magisterio, existiendo también la posibilidad de emitir bonos internacionales. Aquello significa un compromiso de deuda por parte del Estado, ya sea de carácter interno o externo.
Estas emisiones se realizan generalmente para financiar déficits o para cubrir faltantes de liquidez en la caja fiscal para el cumplimiento de obligaciones contraídas o proyectos de inversión en curso. No es la primera vez que el Ecuador emitirá “papeles” de deuda, aunque ahora estos ya no sean físicos sino digitales, la razón de preocupación y la novedad es que buena parte de los acreedores de las emisiones dirigidas al mercado interno no son inversionistas que buscan una rentabilidad para su capital, sino jubilados que han laborado por mucho tiempo en el sector público y que en cumplimiento de los requisitos legales, básicamente la edad, aspiran a una vejez digna y una cantidad de dinero que les permita satisfacer necesidades postergadas.
Por qué la inquietud de recibir bonos, pues es sabido que los mismos pueden ser negociados y convertidos en efectivo, pues por varias razones, primero no son dinero en el acto y para serlo se requiere de un proceso de negociación en la bolsa de valores, lo que significa el encargo a una casa de valores facultada de negociarlos, previo el pago de una comisión, segundo porque nuestro mercado bursátil no es precisamente muy dinámico y menos de largo plazo, luego por las características de los bonos, cuyos montos son relativamente pequeños, plazos largos y contemplan períodos de gracia, tiempo durante el cual los papeles no generan ningún rendimiento, características que hacen poco atractivos a los documentos. Adicionalmente, está la restricción de que estos bonos se vendan a instituciones del sector financiero o del público, lo que sugiere que están dirigidos a inversionistas privados. Estas particularidades permiten colegir que los recursos que en efecto reciban los beneficiarios, serán mucho menores a aquellos que constan en el valor nominal del título recibido y que por ahora habría sido acreditado en una cuenta especial en el Banco Central, donde el Estado deposita el valor que corresponda en cada caso. Se estima que el descuento o castigo si se vende el papel inmediatamente de su acreditación podría ser por lo menos del 30%.
El panorama de esta emisión parece no ser el más adecuado, pues se estaría prácticamente obligando a los jubilados a tener una deuda por cobrar con el Estado, a sabiendas que en esa instancia de la vida lo que se aspira es liquidez para obtener bienes y servicios esperados por mucho tiempo, además que no recibirán el valor en principio expresado. Para el país, lo que ocurre es que se están transfiriendo obligaciones a futuro, situación que es grave, peor si es otra administración la que debe cancelar.