Arturo Torres

Boicot a Tame

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¿Tame sirve a los intereses del público o a un grupo político que tiene el poder? Esa es la primera inquietud que surge luego del incidente ocurrido el viernes pasado, cuando 32 pasajeros se negaron a desocupar en Quito el avión que en dos ocasiones había intentado tocar pista sin éxito en Cuenca.

La aeronave no pudo aterrizar por las malas condiciones climáticas, por lo cual regresó a esta capital para iniciar el proceso de compensaciones a los pasajeros, que debían desembarcar y reprogramar su vuelo, de acuerdo con la normativa vigente.

Entonces, varios ocupantes, incluidos Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, Doris Soliz, asambleísta de Alianza País, y Tito Astudillo, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, tomaron una medida de hecho y permanecieron en el avión, que minutos más tarde se vio obligado a regresar a Cuenca, donde finalmente aterrizó.

También cabe mencionar que la mayoría de pasajeros (70 para ser exactos) no tomó parte en el boicot y abandonó la nave, acatando las disposiciones de las autoridades de la empresa estatal.

Este hecho evidencia una constante en los últimos diez años. Las instituciones y las leyes, en muchos casos, han estado supeditadas a los caprichos de las autoridades de turno, que no sirven al Estado en función del interés público sino de intereses particulares.

En su cuenta en Twitter, Cordero sostuvo que la medida fue en defensa de derechos ciudadanos “que deben respetarse”. Esto también desnuda, por cierto, un malestar latente entre los cuencanos que han sufrido por el acelerado deterioro del servicio aéreo.

No obstante, la decisión del viernes tuvo consecuencias: Tame debió suspender ese día tres vuelos y uno más se retrasó varias horas. Centenares de pasajeros fueron afectados. Lo ocurrido no es un caso aislado. Desnuda la crisis de Tame que está atravesada por una serie de decisiones desacertadas, que privilegiaron lo político sobre lo técnico.