Bernardo Acosta

El boicot a la transformación productiva

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5 de March de 2013 00:03

Dos eventos de la semana pasada confirman por qué el anuncio del Régimen de transformar la estructura productiva del país no pasará del discurso y de las buenas intenciones.

El primer evento, aparentemente aislado del ámbito productivo, es la sentencia contra los 10 de Luluncoto. Después de que ni un testigo tuviera evidencias de que los acusados habían cometido el crimen por el que se los juzgaba y de que se los condenara por otro, este caso pone de manifiesto la falta de independencia de la Justicia y cómo esta responde a intereses políticos.

¿Qué tiene que ver este asunto judicial con la transformación de la estructura productiva? Que la estructura productiva no cambiará sin un gran volumen de inversión y que esa inversión no llegará mientras se sigan dictando esta clase de fallos.

Los inversionistas buscan países que les garanticen reglas claras, como dijo el propio presidente Correa en su entrevista al diario ABC de España. Y un factor fundamental para que las reglas cumplan la cualidad de claras es que los jueces que las aplican e interpretan sean imparciales, lo cual no se aprecia en la sentencia contra los 10 de Luluncoto.

El segundo evento de la semana pasada que obstaculiza la transformación productiva es la expedición del decreto para establecer precios referenciales a 46 productos alimentarios. La medida muestra cómo el Gobierno interviene en la economía sin razón. Si la inflación en el país no es anormal ni nociva, ¿por qué atacarla?

El problema no es sólo que así se pierdan plata, tiempo y energía, sino que el remedio tiene efectos secundarios. ¿El precio de los granos, ahora que estamos en época de fanesca y hay una gran demanda, debería depender de su precio durante los últimos tres meses? ¿Cuando sea la temporada de cosecha de una fruta y su oferta aumente significativamente, el precio deberá reflejar el de los tres meses anteriores? Y, aún más importante, ¿quién invertirá en un país en el que el Gobierno sustituye de pronto la ley de la oferta y la demanda por unas reglas oscuras que entorpecen los mercados?

Lo grave de la sentencia contra los 10 de Luluncoto y del decreto para fijar precios referenciales es que no son hechos aislados, sino que ratifican que en el país impera, cada vez con más ímpetu, la voluntad discrecional del poder en lugar de reglas claras. Los casos de intimidación judicial se han vuelto comunes, al igual que la intervención del Gobierno en la economía, ya sea para direccionar el crédito, enturbiar el mercado de arrendamiento de vivienda o fijar precios.

La significativa inversión pública y planificación no lograrán un cambio de la estructura productiva mientras no se complementen con considerables flujos de inversión privada, mientras la acumulación de poder continúe traduciéndose en mayor discrecionalidad y arbitrariedad.