Manuel Terán

Bochorno

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El corolario de la denominada revolución ciudadana no pudo ser más estrepitoso. Las propias autoridades seleccionadas bajo el aparataje legal diseñado y puesto en práctica por ellos, terminan dictando una orden de prisión preventiva ni más ni menos que en contra del Vicepresidente de la República, elegido apenas hace poco más de cuatro meses. Las lecturas que surgen son varias. Sin embargo, aquella que acusa de que este procedimiento se debe a una persecución de carácter político que se ha ensañado en contra del funcionario, ahora en prisión, parecería que no tiene mayor asidero. Hay que observar todo lo que se ha juntado. El día jueves de la semana anterior el Procurador General del Estado, personaje que ha estado varios años en el cargo desde el régimen anterior, presentó una acusación particular en la causa endilgando la participación en el delito al mismísimo Vicepresidente. Un día después el Fiscal de la Nación, exasesor del anterior presidente, solicita la modificación de las medidas cautelares que se hallaban vigentes. Por último, el día lunes en la tarde el Magistrado a cargo de la causa, también seleccionado en el proceso llevado a cabo bajo el cuestionado paraguas normativo implementado por el gobierno precedente, dicta orden de prisión preventiva. ¿Se puede colegir que todas estas autoridades se confabularon para que, por fuera de lo que habrán visto en el proceso, infrinjan semejante escarnio a uno de los más altos personeros del Estado? Si así fuera y por cualquier motivo quienes deben administrar justicia resultan por decir lo menos “influenciables” ¿cabe imaginarse el riesgo que corre un simple ciudadano porque los pronunciamientos judiciales estarían realizándose por fuera de lo que indiquen las causas?

Desprestigiar más a la alicaída estructura judicial parecería un recurso de última instancia para desacreditar cualquier acción futura que podría emanar de éste u otros procesos, en los que los acusados podrían ser personajes aún más rimbombantes. Ya se ha visto esta estrategia de defensa en otros países donde los escándalos de corrupción han alcanzado a las cabezas de esos regímenes. Y hasta ahora les ha funcionado por un lado para dilatar la acción judicial y por otro dejar sembrada la duda con el fin de salvar sus “proyectos políticos” porque, pese a todo, apostando a la frágil memoria colectiva sueñan en retornar al poder.

La verdad es que, sea por las razones que fuere, el país otra vez enfrenta una crisis institucional, cuando se revela que la década pasada fue un enjambre de mentiras que destruyó la institucionalidad, para edificar otra a medida de las pretensiones de un grupo que intentó perpetuarse en el poder. Que muchos de ellos se hayan desviado en el camino para intentar enriquecerse ilegítimamente fue un asunto no controlado a su debido tiempo pues, su fanatismo exacerbado, hizo que desoyeran las voces de alerta que advertían de la feria de los recursos que se tejía desde las más altas esferas del poder. Hoy sobran las excusas y justificaciones.

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