Betty Jumbo

Pongamos a prueba a la concesión vial

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El Gobierno ha dicho que su meta es concesionar el 35% (1 500 kilómetros) de las carreteras ecuatorianas hasta el 2020, bajo la modalidad de la inversión público-privada.

La vía Alóag-Santo Domingo es un buen ejemplo de que la concesión ha sido un éxito. Luego del 2005, cuando la Prefectura de Pichincha la entregó a la empresa Hidalgo Hidalgo, esta importante carretera dejó de tener huecos a cada metro que se recorría, de carecer de una buena señalización de tránsito y de ser muy oscura.

Uno de los peros que tiene es que la concesión no la ha librado de los derrumbes y daños ocasionados por la fuerza del invierno que han hecho que nos quedemos sin vía hasta casi dos meses por los cierres.

No es una carretera gratuita, porque los 25 000 usuarios que transitamos por ahí pagamos un peaje, que para el caso de los carros pequeños es USD 2 de ida y otros 2 de vuelta. El valor sube para los tráileres o vehículos de carga pasada.

Desde el punto de vista práctico y útil, el pago resulta beneficioso, ya que los vehículos no sufren ningún desperfecto ni maltrato en los 100 kilómetros de recorrido; siempre está expedita y en constante mantenimiento. Esa experiencia no se tiene con su paralela -la Calacalí-Los Bancos-, que cuando no es intervenida presentan muchos baches en algunos tramos.

Si la concesión ha sido buena para la Alóag-Santo Domingo, esperamos que eso suceda con esos 1 500 kilómetros de carreteras ya planificados. Que sean corredores viales transitables, sin baches, iluminados, seguros, señalizados; es decir, que nos den un buen servicio, durante el día y la noche.

Lo importante de la concesión no solo es tener vías en buen estado, sino también que ese proceso sea claro y transparente; es decir que se fiscalice cada obra, gasto, inversión y recursos que se usen. Y si se van a poner peajes -como se ha proyectado- con más razón para controlar en qué se gasta el dinero que saldrá del bolsillo de los usuarios