20 de December de 2010 00:00

Las batallas perdidas

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Miguel Rivadeneira Vallejo

A problemas serios y estructurales, respuestas políticas que no solucionan los problemas y que generan mayor miedo e inseguridad ciudadana. Eso le está pasando al país y realmente no estamos dimensionando la gravedad. Por ello se necesitan decisiones contundentes frente a quienes actúan al margen de la ley e incluso cuando se habla de tráfico de drogas y mafias existentes, que proliferan las estafas con invasiones de tierras.

La inseguridad ciudadana no deja dormir en paz y si bien hasta ahora se han perdido batallas, la guerra contra la delincuencia no termina. Las cuentas pendientes siguen allí. Se incrementan pese a los esfuerzos que no se pueden negar e incluso los ingentes recursos que se han destinado (el caso del equipamiento de la Policía o los edificios adquiridos para la Fiscalía).

Mientras persisten las acusaciones y el círculo vicioso entre las autoridades de control (la administración de justicia, la Fiscalía, la Policía), la Secretaria y el Observatorio de Seguridad de Quito presentaron un informe que refleja el crecimiento de los problemas de seguridad. El tráfico de drogas, el robo y asaltos a domicilios y a las personas, los homicidios, el control de armas de fuego.

Los niveles de impunidad son aterradores y el Consejo de la Judicatura se ocupa de unos pocos jueces cuestionados por sus actuaciones pero no de todos. Igual ocurre con la Fiscalía. Ni siquiera se han podido poner de acuerdo en las cifras ni resolver los nudos críticos existentes. Por ello, el ministro del Interior saliente, Gustavo Jalkh, evaluó y reconoció en Ecuadoradio los problemas y asumió la insatisfacción debido a los logros insuficientes y el incumplimiento de las metas trazadas, más allá de los avances y los recursos destinados.

A esto tiene que sumarse un problema serio y muy grave que no se ha generado en esta administración pero que sí se ha profundizado: la preocupante ola de invasión de tierras, que pulula por el país y que en el Guayas se cuentan por cientos. Recuerdo una que empezó en el gobierno anterior (Palacio, 2006) en la estación del Iniap en la Región Amazónica y que finalmente, luego de varios meses, no se pudo recuperar en esta administración. Allí se perdió otra batalla.

Ahora resulta extremadamente preocupante –lo que admiten las autoridades- la proliferación de las invasiones, en medio de la complicidad y la lenidad de diferentes autoridades y la presencia de traficantes de tierras, el crecimiento desordenado de las urbes y la falta de un correcto ordenamiento territorial. Uno de los argumentos de aquellos que incitan y actúan al margen de la ley son los derechos y garantías consagrados en la Constitución. Cuidado se va de las manos el control del país en esta materia, que demanda el trabajo en conjunto de todas las instituciones.

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