Carlos Larreategui

Basta de diagnósticos

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27 de July de 2011 00:01

La sentencia contra El Universo viola todos los principios del derecho natural y positivo y deja entrever claramente la forma generalizada e inescrupulosa en que el Gobierno utilizará la justicia cuando concluya la reforma judicial. Si bien el fallo ha generado indignación en muchos sectores de la sociedad, causa estupor mirar la pasividad e inacción que demostramos los ecuatorianos a la hora de defender derechos fundamentales. Mientras los analistas de siempre recorren los canales y radios para denunciar las violaciones del proceso y proponen recursos legales como si el problema fuese técnico jurídico, muchos ciudadanos informados expresan su rechazo en privado y levantan su voz entre amigos y familiares. Los comentarios de Internet son extensos y furibundos. Al final y como es costumbre, nadie hace nada y hay más ruido que nueces.

Desde el inicio de este Régimen se han venido consumando infinidad de atropellos que apuntan al control total de las instituciones del Estado. Todo comenzó con la clausura del Congreso y la captura del Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de entonces, el Régimen ha ido copando los intersticios del poder y borrando todo signo de independencia en los organismos públicos. Hace dos años, en esta misma columna, describía el proceso totalizador de neopopulismo autoritario conocido como socialismo del siglo XXI y señalaba que el Régimen no se detendría hasta lograr el alineamiento incondicional de dos instituciones claves del Estado: la Función Judicial y las Fuerzas Armadas. El control de los órganos del sistema político, particularmente el de la Función Judicial, es una condición necesaria, pero no suficiente; para el proyecto socialista resulta imperativo someter ferreamente al aparato militar. Por ello, no resulta una coincidencia que la Cartera de Defensa Nacional haya sido confiada al más inteligente y astuto de los hombres del Presidente. Una vez obtenido el manejo de la Función Judicial, todo el enfoque y trabajo político se trasladarán a la esfera militar.

A más del derecho a la resistencia que consagran el ordenamiento jurídico y las diversas religiones, es necesario emprender acciones políticas que detengan el avance de la ola totalitaria. La primera y urgente es recuperar el balance democrático en la Asamblea Nacional a través de la revocatoria del mandato de algunos legisladores que han traicionado el encargo ciudadano. Ello permitiría reorganizar democráticamente las funciones del Estado y garantizar la separación de poderes. Es muy posible que esta revocatoria precipite la “muerte cruzada” que, dadas las actuales circunstancias, apuntaría a una solución incluso mejor. En todo caso, la aplicación de cualquiera de estos mecanismos permitiría imprimir un giro dramático a la situación. Basta ya de diagnósticos; necesitamos acciones.