Enfoque internacional

Banco Mundial y exclusión

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5 de agosto de 2014 00:05

Jim Lobe
​IPS

Un importante comité de la junta directiva del Banco Mundial rechazó las solicitudes para modificar un borrador de declaración política que, según un centenar de organizaciones de la sociedad civil, implicaría un retroceso de varias décadas en las disposiciones que protegen de abusos a las poblaciones indígenas, los pobres y los ecosistemas frágiles.

Si bien el Comité de Efectividad en el Desarrollo no respaldó formalmente el documento, lo aprobó el 30 de julio para su posterior consulta en los próximos meses con los gobiernos, las oenegés y otros interesados, en lo que constituirá la segunda ronda de una revisión de las políticas sociales y ambientales del Banco Mundial que llevará dos años.

Está en juego un borrador de marco de garantías que fue diseñado para actualizar y fortalecer las políticas implementadas en los últimos 25 años, para asegurar que los proyectos financiados por el Banco Mundial en los países en desarrollo protejan a las poblaciones vulnerables, los derechos humanos y el ambiente.

“Las políticas que tenemos ahora fueron útiles, pero los problemas que enfrentan nuestros clientes cambiaron en los últimos 20 años”, declaró Kyle Peters, vicepresidente del Banco Mundial de operaciones políticas y servicios en los países.

Peters subrayó que las disposiciones del marco previsto también ampliarán las políticas de garantías de la institución con sede en Washington, para promover la inclusión social, la antidiscriminación, los derechos laborales y la lucha contra el cambio climático. Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil sostiene que el proyecto, que se filtró el 26 de julio, no refuerza esas garantías, sino que, muy al contrario, las debilita sustancialmente en algunos casos.

“El Banco Mundial se comprometió en repetidas ocasiones a producir un nuevo marco de garantías que no dé lugar a la dilución de las salvaguardas existentes y que refleje las normas internacionales vigentes”, según un comunicado enviado el 28 de julio a los directores ejecutivos de la institución multilateral por Apuesta por los Derechos Humanos (BHR, en inglés), una red con sede en Washington integrada por 23 organizaciones de desarrollo, humanitarias y ambientalistas.

“En cambio, el proyecto de marco de garantías representa una profunda dilución de las salvaguardas existentes y socava las normas internacionales de derechos humanos y de las mejores prácticas”, advierte la carta firmada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Foro de ONG del Banco Asiático de Desarrollo, entre otras organizaciones.

Una de las disposiciones previstas permitiría la “exclusión voluntaria” de los gobiernos prestatarios de la Norma de los Pueblos Indígenas, que fue desarrollada por el Banco Mundial para asegurar que sus proyectos de financiación protejan los derechos fundamentales de las poblaciones autóctonas sobre la tierra y los recursos naturales.