Miguel Rivadeneira

Avances pero también abusos

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10 de June de 2013 00:02

La organización y control del transporte público no deja de ser un dolor de cabeza. Con la nueva estructura constitucional y legal, los concejos cantonales tienen la atribución de asumir paulatinamente la competencia del tránsito y el transporte terrestre en el marco del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción, de conformidad con el Código Territorial, (Cotad). El problema obedece ya no a la expedición de leyes sino a la debida aplicación de las normas, que penosamente conduc­tores y autoridades ­inobservan y facilitan el caos que daría la impresión está organizado.

De los 221 concejos cantonales, no todos están en capacidad de hacerlo, pero casos como el de Quito lo han hecho con todo lo que implica la transferencia. La Agencia Nacional de Transporte (ANT) está en la obligación de dar paso si así resuelven los municipios, aunque ha demorado la transición en la capital.

El Municipio de Rumiñahui, cantón en el que reina el caos en el transporte, también asume esta responsabilidad. Basta usar para verificar cómo taxis y camionetas cobran lo que les da la gana, incluso mucho más caro que en el Distrito Metropolitano de Quito. Ni siquiera cuentan con taxímetros.

Hay que reconocer avances y mejoramiento del servicio, aunque parciales. La expedición de licencias en la ANT ha mejorado, se hace en forma ordenada, sistematizada y con facilidad para el entrenamiento antes de la prueba. El proceso es ágil y la atención oportuna, lo que contrasta con la queja que se mantiene cuando se verifica el aparecimiento de multas de hace cuatro o cinco años, sin que la Policía de Tránsito haya notificado oportunamente y el infractor pueda comprobar, y si es del caso, apelar. Este ha sido un cuento viejo que nunca fue superado.

Lo grave está en la nueva posibilidad de entrega de licencias profesionales luego de juicios, sentencias y cuestionamientos por las irregularidades detectadas en el pasado y que en lugar de corregirse son avaladas con resoluciones (ver RO 442 del 21 de mayo), como denunciara en su oportunidad Justicia Vial.

El problema va mucho más allá por los actos de corrupción denunciados contra la anterior administración de la ANT, como la compra de tirantes que se hicieron pasar como chalecos para los motociclistas, de pésima calidad, que fue observado por el Incop, la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y el propio asesor jurídico de la Presidencia declaró que hubo sobreprecios terribles y peculado. A pesar de la acusación de la Contraloría (y posterior apelación), se sobresee en el otro caso señalado de irregularidades en la compra de GPS, pero más allá de eso dónde están funcionando los 69 960 aparatos que por alrededor de USD 26 millones se contrató y que iban a servir para el control del transporte público.