Arturo Torres

Las autoridades de control

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La designación del Fiscal, el Contralor y el Defensor del Pueblo camina a diferentes ritmos en las comisiones integradas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

A cuatro meses de que termine el gobierno de Rafael Correa es indispensable que quienes sean escogidos para esos cargos tengan no solo probidad sino independencia. Especialmente, el Contralor y el Fiscal, encargados de auditar los recursos públicos e impulsar las acciones judiciales, tendrán una difícil tarea. Sobre todo, por los casos de corrupción que han desnudado una sistemática dilapidación de recursos públicos.
Otra de las denuncias recurrentes ha sido la afinidad y favoritismo de algunas de esas autoridades con el Gobierno.

El actual fiscal Galo Chiriboga fue antes ministro de este Régimen, al igual que el entonces Defensor, Ramiro Rivadeneira, ex subsecretario del Ministerio de Gobierno. Mientras estuvo en funciones, Rivadeneira fue señalado por organismos de derechos humanos por su tibia o ninguna actuación en casos que involucraron al oficialismo.

Chiriboga ha sido criticado por no actuar con prontitud en investigaciones que involucran a altas exautoridades. En el caso Cofiec, por ejemplo, uno de los principales implicados fue Pedro Delgado, ex director del Banco Central, quien fugó del país. Lo mismo ocurrió con el exministro Carlos Pareja, que escapó, aunque semanas antes se alertó de sus presuntas actividades delictivas.

El contralor Carlos Pólit también ha sido criticado por desvanecer las glosas por la construcción del proyecto hidroeléctrico San Francisco, pese a que él aseguró que la empresa Odebrecht cubrió todos los faltantes señalados y solucionó las fallas en la obra.

En el concurso para el fiscal participa el asesor del Presidente Carlos Baca Mancheno. Por los antecedentes es un seguro candidato al cargo. Aunque la Comisión de selección merece el beneficio de la duda, el resultado parece previsible: nueve de sus diez integrantes fueron o son funcionarios públicos.