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Cuando en 1988 el gobierno de Rodrigo Borja recibió el país con un saldo rojo de US$D320 millones en la Reserva Monetaria Internacional, dispuso la prohibición de importar automotores para el Estado durante 3 años y él, sus ministros y altos funcionarios se movilizaban en vehículos usados del Banco Central.
También anuló la compra de tanques de guerra que el gobierno precedente se había comprometido con Argentina, mediante una petición directa a su amigo el Presidente Raúl Alfonsin. Estas señales provenientes de la cúpula del poder influyeron en la implantación severa de una austeridad responsable.
Cuando un país no puede salir solo de sus fracasos recurre al Fondo Monetario Internacional –FMI- que supone la predisposición hacia un programa de ajuste. Esto acontece en el Ecuador, que sabe bien que los desequilibrios fiscales no han podido ser abordados y tiene que “tomar decisiones rápidas para bajar el alto déficit fiscal y el aumento de la deuda pública”, y lograr “una consolidación fiscal más balanceada y anticipada que ayudaría a aumentar la confianza y reducir los costos de endeudamiento y a alcanzar más rápidamente niveles de déficit más sostenibles”, en palabras del FMI.
Parecería que está sugiriendo un ajuste real del gasto público no solo congelando las contrataciones del sector público sino eliminando: las instituciones inútiles, las empresas públicas para que no sigan perdiendo, los latisueldos y lo que nosotros llamamos “pipones”, que obviamente son prescindibles porque no hacen nada.
No se trata de despedir empleados por despedirlos sino de habituar responsablemente a la población a no derrochar lo poco que tiene, porque incluso si se da la traslación de empleados públicos a futuros empleos privados los sueldos que percibirán no serán de la misma altura, pues dependerán de la productividad del trabajador.
El énfasis que pone el FMI en “una reducción de la rigidez del mercado laboral para mejorar la competitividad del Ecuador, fomentar la creación de empleo y aumentar la productividad” tiene que ver con bajar el costo de los despidos laborales, mejorar el desempeño de los empleados y aplicar un recambio generacional de los trabajadores antiguos por jóvenes que pueden estar mejor preparados.
Este es un tema de fondo si queremos reforzar la capacidad de atraer inversiones nacionales y extranjeras, que es nuestra principal debilidad.
Otro tema sobre el que llama la atención el FMI es “la vulnerabilidad de la balanza de pagos”, que puede marcar una tendencia a importar más de lo que exporta, a sacar más dólares del territorio nacional que los que entran, que serían desequilibrios de alto riesgo para nuestra economía dolarizada.
Aquí también cabe una austeridad responsable por parte de las élites económicas para –entre todos- sacar adelante al país.