Miguel Rivadeneira

¿Aumento de pasajes?

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1 de septiembre de 2014 00:05

Vuelve el círculo vicioso entre el pedido de aumento de las tarifas del transporte público y el mal servicio. Por ello reclaman los usuarios. Los transportistas tienen derecho y solicitan el incremento del 25 %, tal como señala la resolución 007 de la ANT de febrero del 2012. A lo mejor resulta aún insuficiente porque ha pasado más de 10 años, según sus dirigentes, y no se ha concretado una revisión pese al aumento de costos, repuestos, llantas, aumento salarial periódico, etcétera, y por tanto debe ser analizado con sustento técnico. Empero, se les entrega subsidios y el servicio no ha mejorado el 100 % y en muchos casos el maltrato a los usuarios y la violación de las normas que constan en la Ley de Transporte Terrestre son evidentes.

En la vida los derechos son fundamentales, hoy más que nunca que consagra la Constitución de Montecristi, que tanto proclamaron como una de las mejores, pero a la par existen responsabilidades y lo uno no puede estar divorciado de lo otro. Al contrario, los trabajadores japoneses, hace varios lustros, enseñaron que primero debe anteponerse un pliego de ofrecimientos (mejorar la productividad, los servicios y la calidad) y sobre esa base de resultados pedir el mejoramiento de los ingresos. Existe una cuenta pendiente por el irrespeto a las normas de tránsito. Los datos de los accidentes hablan por sí solos. Los fallecidos y heridos siguen a diario. Basta salir a las calles y carreteras para verificar cómo los buses invaden vías, paran donde quieren y tratan mal a los pasajeros. Por tanto, aquí existe un problema cultural y una responsabilidad compartida para que las dos cosas vayan en forma conjunta.

Si bien hay competencias que han sido transferidas del Gobierno central a los municipios, no es menos cierto que si se respeta la ley el régimen tiene su responsabilidad y los controles son deficientes. El art. 29, numeral 5, de la Ley señala que corresponde al representante del Ejecutivo, el director de la Agencia Nacional, realizar los estudios para la regulación de las tarifas del transporte, basados en análisis técnicos. El art. 3 dice que el Estado garantizará que el servicio se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad y calidad, con tarifas socialmente justas y el art. 11 señala que fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de políticas en esta materia, que tampoco se ha cumplido.

A esto se suma que una parte de la dirigencia del transporte está identificada con el gobierno, impulsa la enmienda para la reelección presidencial e incluso ha estado en una posición silente frente a los problemas latentes. Incluso, han sido candidatos por las listas del movimiento oficial y tienen representación en la Asamblea. Por tanto, han sido jueces y parte cuando subsisten las faltas graves que se reflejan en el alto índice de accidentes y muertes en las carreteras.