29 de August de 2010 00:00

Augusto en agosto

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Marco Arauz



Suena paradójico que el Alcalde de Quito haya despertado la inquietud de la ciudadanía en torno a los recursos económicos, algo que en principio no debiera ser un problema para una autoridad local que comparte la bandera del Presidente de la República y del movimiento en el poder.

Augusto Barrera está en el ojo del huracán porque ha decidido sondear la posibilidad de crear nuevas tasas a la matriculación de vehículos y al consumo de gasolina, así como cobrar peajes urbanos con el fin de recaudar casi USD 600 millones que financiarán la construcción de un centenar de kilómetros de vías.

De paso, en el Consejo Nacional Electoral se tramita -desde el 24 de agosto- un pedido de revocatoria de su mandato y el del vicealcalde, Jorge Albán. Fue pedido por dirigentes de barrios marginales de Quito y la razón es el supuesto incumplimiento de las ofertas de campaña para esos sectores.

Barrera dice que el Gobierno -que se ha declarado el campeón de la reconstrucción vial con una inversión de USD 3 450 millones- ya se comprometió a financiar las tres vías para el aeropuerto nuevo y el 40% del metro. Pero, que se sepa, esta última obra todavía no tiene fechas, y al menos la primera vía que se construirá hacia el aeropuerto se financiará con peajes.

Es difícil explicar, sin caer en contradicciones y sin dar una gran oportunidad a los enemigos políticos, que los habitantes de Quito tengan que hacer egresos extra cuando son parte de un país donde se impone una política de subsidios generalizada. ¿Por qué, por ejemplo, pagar peajes cuando este Gobierno puso en cuestión el sistema y construye una red nacional gratuita?

La pregunta cobra mayor sentido si se hace en una ciudad que comulga, en un alto porcentaje, con las ideas del Gobierno y que no ha sido proclive a pagar peajes o que ha peleado hasta el último centavo por las tarifas. Si se añade que se trata de una ciudad con alta formalidad en la cual normalmente se pagan impuestos personales, prediales, de matriculación, de revisión vehicular, de alumbrado público, a los bomberos, a la recolección de basura, a las obras públicas, es más difícil hallar la respuesta.

Una medida que también molesta es la ampliación de la Zona Azul, con 5 831 parqueaderos tarifados entre la calle Santa Prisca y la avenida Naciones Unidas, que se suman a los 1 644 que ya funcionan en La Mariscal. Se trata de un pago módico pero que no ofrece ningún servicio, cuando se debiera incrementar la existencia de parqueaderos públicos y privados seguros.

En cuanto al pedido de revocatoria, suena exagerado y direccionado políticamente, pero no hay que olvidar que ahora mismo hay ese tipo de pedido contra varios alcaldes, y que Alianza País también promueve este invento constitucional de destino poco claro, tan poco claro como el futuro del alcalde Barrera, en tanto no revise su estrategia económica y política.

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