Richard Cortez

Una auditoría a la revisión de tránsito

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Generan preocupación las irregularidades que se detectaron en los centros de revisión vehicular de Los Chillos, Guamaní y Carapungo, que desembocaron en la detención de 23 funcionarios que trabajan en las empresas concesionadas para este servicio. Es clara la presunción: estas personas habrían alterado los sistemas informáticos para que vehículos pasen este control sin cumplir los requisitos legales.

En palabras más cristianas: lo que hacían es que vehículos que estaban en malas condiciones aprobasen la revisión; es decir, lo hacían sin cumplir con los parámetros y requisitos estipulados. Las emisiones de CO2 superaban los niveles permitidos, tenían problemas en los sistemas de dirección o frenado
o el estado de los vehículos era deplorable.

Darío Tapia, secretario de Movilidad, dijo que “no era posible que carros con una vejez notoria, escapes de CO2 visibles estén ­circulando por el Distrito y al mismo tiempo tengan el permiso de revisión”.

La preocupación está justificada por el riesgo (con visos de irresponsabilidad) que significa que estén circulando por la ciudad vehículos en malas condiciones; de esta forma se incrementa el riesgo de accidentes y de que estos ocasionen heridos o muertos. Aún está pendiente en la indagación establecer la cantidad concreta de vehículos públicos o privados involucrados en esta denuncia. Esta información es vital para que la autoridad ­retire de las vías a esos automotores que están implicados en esta situación.

Si bien la concesión del servicio de revisión vencerá el 2017 (desde el 2003), es obligación de la Municipalidad aprovechar esta coyuntura para ajustar procedimientos, revisar compromisos, medir el trato a los usuarios y, sobre todo, realizar una auditoría general al trabajo realizado por las concesionarias. También es hora de mirar integralmente el sistema: los parámetros establecidos para la revisión, los tiempos, la distribución de los centros de revisión, la atención al cliente...
Hay puntos a favor y en contra: la Municipalidad debe realizar esta evaluación.