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19 de June de 2012 00:17

No sé si ustedes también estimados lectores, pero yo me siento cada día más indignado cuando veo a las autoridades estatales, usar su poder y los recursos públicos en la ingrata tarea de desprestigiar, menospreciar, calumniar e incluso insultar a ciudadanos e instituciones privadas de nuestro país.

A quienes han sido maltratados anteriormente, o lo serán (o seremos) en el futuro, les recomiendo tener siempre presente lo siguiente:
Se trata de acciones que carecen de justificación alguna. Son impropias de un gobierno democrático y serían condenadas en cualquier sociedad civilizada, en que las autoridades suelen estar al servicio de los ciudadanos y nunca al revés. Aquí y en cualquier parte del mundo, jamás deberían olvidar que son los contribuyentes -ciudadanos y empresas- quienes pagan sus salarios y que lo mínimo que esperan a cambio es algo de respeto e inclusive gratitud. Sin embargo, en Ecuador parecería que la probabilidad de ser maltratado por las autoridades gubernamentales es tanto mayor cuanto más alta es la cantidad de impuestos que paga un contribuyente.

Pero existe una razón adicional. Parecería que algunos funcionarios actúan de esta manera, bajo la extraña presunción de que su status de autoridad pública, les dota de una “condición moral” superior a la del resto de la sociedad. Un argumento risible en cualquier parte del mundo y aún más en el caso ecuatoriano.

Deberían estar conscientes de que la mayor parte de las instituciones públicas a su cargo tienen un prestigio deplorable, -me refiero a las “instituciones” públicas, no necesariamente a una administración en particular- triste situación que, salvo durante períodos excepcionales, se ha mantenido desde los inicios de la república.

Sorprende que autoridades a cargo de instituciones de esas características, tengan la audacia de descalificar pública e indiscriminadamente a ciudadanos e instituciones privadas, que seguramente gozan de un mayor prestigio local e internacional que los organismos públicos a los que ellas representan. Uno esperaría que tuviesen algo de sangre en la cara y voltearan primero a mirar el “erial” de incompetencia y corrupción que les rodea e intentaran adecentarlo, antes de siquiera ocurrírseles descalificar a terceras personas.

Por estas y otras razones es inaudito que, por ejemplo, se rehúsen abiertamente a atender entrevistas de medios de comunicación privados o de otros actores legítimos de la sociedad, quienes tienen toda la autoridad legal y moral para exigirles que lo hagan.

La mayor parte de ciudadanos e instituciones privadas del Ecuador poseen una “condición moral” muy superior a la de las instituciones públicas que los gobiernan. Por tanto, el que sus personeros se atrevan a descalificarlos, constituye un acto de una audacia inaceptable.