Enviar policías ineptos a otro país para secuestrar a un adversario político y pagar la operación con recursos públicos; eso es corrupción, es prepotencia y es torpeza. Esa es la acusación que se le hace al ex Presidente, pero tendrán que probarla.
Los primeros pasos no lucen tan seguros. Los policías han callado cuanto han podido y han hablado solo lo necesario para evitar largas condenas. Los partidarios fanáticos han movilizado a los pocos fieles que quedan y los cobardes siguen tratando de navegar a dos aguas. Los jueces quieren la autorización de los políticos y los políticos quieren que se hagan cargo los jueces. Atrapar a los corruptos es más fácil decirlo que hacerlo.
El cuñado del rey ha sido condenado en España por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales. Aquí las sospechas relatan eso y más. La Fiscalía de Perú acusa a tres expresidentes por el caso Odebrecht, y ellos no negociaron los acuerdos con otro ex Presidente apresado, el mismo Lula da Silva. El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acaba de ser extraditado desde Estados Unidos y sometido a prisión, acusado de crear una red de espionaje durante su mandato que alcanzó a periodistas y políticos. De eso se habla aquí desde hace diez años.
Si sumáramos todos los casos de corrupción política denunciados en el país, llenaríamos más páginas que los libros de historia. Pero los políticos siempre han fabricado instrumentos de la impunidad: el control de los jueces, las amnistías y los indultos, la autorización previa de los Parlamentos confiando en aquello de que “entre bomberos no se pisan las mangueras”, la prescripción de los delitos y otros instrumentos.
Unos pocos recursos han resultado efectivos para frenar la corrupción. Uno de ellos es la colaboración eficaz con la justicia o delación premiada como también se llama; consiste en la posibilidad de acordar reducciones en las penas a quienes confiesen sus culpas y entreguen pruebas de la corrupción. Otro mecanismo es el intercambio de información entre funcionarios judiciales de diferentes países, mecanismo impulsado por Naciones Unidas.
Los políticos de mala conciencia desacreditan el recurso de la colaboración eficaz diciendo que se basa en el testimonio de delincuentes confesos. No se trata de dar fe a los delincuentes sino de obtener pruebas como fechas, cantidades, documentos, bancos, empresas, países y participantes. Los políticos amigos de los corruptos se oponen a las investigaciones, como hemos visto. No pretenden defender la inocencia sino evitar que prueben la culpa.
No hay ninguna novedad en la insolencia que revisten las nuevas formas de corrupción, la novedad está en que tengamos en nuestros días tantos ex mandatarios presos. Este dato es el que ofrece una pequeña dosis de esperanza a los ciudadanos y una pequeña dosis de miedo a los corruptos.
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