Lolo Echeverría Echeverría

¡Atención corruptos!

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Un alcalde invitó a la prensa para la inauguración de una obra importante que había realizado.

Durante el recorrido le preguntaron por qué el costo de la obra se apartaba tanto del presupuesto original, cinco veces más. Respondió que gran parte de tramo tenía suelo muy malo y fue necesario retirar gran cantidad de fango y reemplazarlo por material pétreo. Una empresa cobró para hacer los estudios de suelo, le dijeron; si no hizo los estudios o los hizo mal; ¿no está enjuiciada y excluida de la obra pública? le preguntaron. Si le enjuiciaba, alegó, hubiera tomado cinco años obtener el fallo y entonces la obra hubiera costado, no cinco veces, sino ocho veces más.

Un antiguo contralor explicaba que la corrupción conoce muchos trucos, y uno muy socorrido que tuvo que enfrentar era la planificación tramposa. La obra pública y la corrupción han tenido siempre un parentesco cercano.

Todos hemos sido testigos de gastos multimillonarios en obras que nunca concluyen; conocemos y circulamos por carreteras que tienen los precios más altos del continente; vemos algún pariente o amigo que realiza obra pública y se convierte rápidamente en ricachón; que se firman los contratos a toda prisa y luego las obras avanzan lánguidamente; denuncias que harían sonrojar a una estatua de cemento, pero no a los acusados ni a los jueces o autoridades de control.

Si hay algo que indigna más que la corrupción es la impunidad. Ver a los corruptos exhibir con impudicia dineros mal habidos; escucharlos dando lecciones de gobierno o de moralidad; o sufrirlos como autoridades, famosos o expertos; supera todos los límites de la tolerancia.

Cuando el gobierno entrante investiga al gobierno saliente, se desacredita fácilmente corriendo el rumor de que no habrá acusados porque hay un pacto de impunidad o que se trata de simple venganza política.

¡Atención corruptos! ya existe una fórmula para evitar la impunidad cuando un gobierno protege o participa en la corrupción y persigue a quienes la denuncian, cuando los jueces y los organismos de control reparten certificados de buena conducta en lugar de órdenes de prisión; la solución no es allanarse a la impunidad, existe otra solución.

Se ha puesto en práctica en Guatemala. Se trata de una Comisión Internacional contra la impunidad solicitada por el gobierno a la Organización de Naciones Unidas. Es financiada con aportes internacionales para garantizar su independencia. Puede ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público, en estos casos la Comisión coadyuva en la investigación de los hechos. También puede solicitar la práctica y recepción de diligencias de investigación previstas en las leyes del país.

En Guatemala inició actividades hace 14 meses y ha propiciado que haya 15 procesos penales contra exfuncionarios del gobierno, empresarios y diputados.

lecheverria@elcomercio.org