Rodrigo Borja

El asilo político

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20 de May de 2012 00:01

Es la protección o amparo que en sus sedes diplomáticas o en su territorio otorga un Estado a las personas perseguidas por sus ideas políticas, convicciones religiosas o condiciones étnicas.

Después de los cambios revolucionarios iniciados en los Estados Unidos y en Francia a fines del siglo XVIII, con la nueva mentalidad y manera distina de ver las cosas, surgió la costumbre humanitaria de conceder asilo a los perseguidos por razones políticas o ideológicas. Nació entonces el asilo político para dar hospitalidad y amparo a las personas asediadas por regímenes autoritarios.

Y lo que fue una costumbre se convirtió después en un derecho reglado por la ley internacional. Fue en América Latina donde esta institución alcanzó su mayor desarrollo, debido a que su azarosa vida política generó muchos trances de persecución. En 1889 se fijaron las primeras normas escritas del asilo político. El Tratado de Derecho Penal Internacional, suscrito en Montevideo, precisó que el "asilo será respetado en relación con los perseguidos políticos, pero el jefe de Legación está obligado a comunicar inmediatamente el hecho al gobierno del Estado ante el cual ejerce su representación”.

Luego vino la VI Conferencia Interamericana de La Habana en 1928, que consagró el “derecho de asilo” como un principio jurídico interamericano, a propuesta del ilustre internacionalista cubano Antonio Sánchez de Bustamante. El asilo sólo procedía en favor de los perseguidos políticos.

Pero la Convención no determinó quién había de calificarlos como tales. Y con su silencio creó un grave problema para la aplicación del asilo.

Este vacío se llenó en 1933. La VII Conferencia Internacional Americana precisó que “la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo”.

Sin embargo, en 1949 se suscitó un grave conflicto entre Perú y Colombia a raíz del asilo del líder aprista peruano Haya de la Torre en la embajada colombiana en Lima, ante la persecución del dictador Odría. Perú alegaba que el asilo era ilegal. Colombia afirmaba que su asilado era un perseguido político y, por tanto, que el asilo era lícito. El conflicto duró largos años, durante los cuales Haya permaneció en la embajada de Colombia. Perú rehusó conceder el salvoconducto. El caso se arregló en 1954, por acuerdo entre los gobiernos, y el líder peruano pudo salir hacia México.

En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se universalizó el asilo político, que hasta ese momento era una institución puramente latinoamericana.

La X Conferencia Panamericana en 1954 dio una configuración definitiva a esta institución humanitaria, como parte del sistema jurídico interamericano. Dispuso que la misión diplomática puede ejercer libremente su derecho de otorgarlo pero que no permitirá al refugiado intervenir en la política de su país.