Marco Arauz

El asediador asediado

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17 de July de 2011 00:01

En estos días, al parecer, se agotarán instancias decisivas en la querella criminal que sigue, “a título personal”, el presidente Rafael Correa contra el articulista Emilio Palacio, los directivos de El Universo y la propia empresa, bajo la acusación de delito de injuria grave, a propósito de un artículo de opinión.

Si bien en este momento el propio Presidente y sus ministros siguen varios procesos contra periodistas y medios, este juicio resulta clave pues, si se produce un fallo a favor de la tesis gubernamental, se habrán violado preceptos jurídicos expresos y se habrán traspasado límites éticos y políticos.

En lo jurídico, hay dos puntos cruciales. El primero: se intenta extender, ilegalmente, la responsabilidad por la opinión de un articulista a un medio de comunicación y a los miembros de su Directorio. Como se señala en las páginas de opinión de los diarios, el contenido de las columnas firmadas es responsabilidad de sus autores. Pedir que los dueños se responsabilicen significa pedir que ejerzan censura previa, prohibida en la Constitución (artículo 18) y en las leyes internacionales.

El segundo: exigir una indemnización de USD 80 millones es absolutamente desproporcionado en relación con la intención de resarcirse de una supuesta injuria. Esta consideración nos adentra en el plano ético. ¿Por qué el Presidente orienta sus demandas a lo pecuniario, como sucede también en el proceso que por supuesto daño moral sigue contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita Ron, autores del libro “El gran hermano”, cuando exige que cada uno le pague USD 5 millones?

En su reconvención, los dos periodistas sostienen que la cuantía de la demanda desnaturaliza una acción de reparación de daño moral y la convierte en una acción para enriquecerse.

Existe el antecedente del resarcimiento económico que logró el Presidente en el juicio contra un banco, y cuyo uso parcial en la compra de un inmueble en Bélgica arrojó un manto de duda sobre las líneas centrales del discurso de la autoproclamada revolución.

Y de esa consideración es fácil pasar al terreno político. En este momento hay hipersensibilidad sobre la intromisión del poder en la justicia y la intención de controlarla. En esas circunstancias, hay que pensar en lo que significaría políticamente un fallo originado en un sistema débil y absolutamente maleable a favor de la tesis presidencial.

Desde luego, ninguno de esos riesgos se diluye con el discurso presidencial a propósito de la renuncia irrevocable de Emilio Palacio. Correa afirma que no quiere quebrar al Diario sino que éste rectifique, pero es absurdo pensar que los directivos pudieran hacerlo por encima del autor de la columna, y que la cuantiosísima demanda no ponga en riesgo la vida del medio.

Si bien Correa le ha creado a El Universo una situación muy incómoda, él también se ha puesto en una posición difícil.