‘Asco, repugnancia y pena” fueron palabras utilizadas por un respetable y experimentado penalista, catedrático universitario y profesor visitante en el exterior, que le da vergüenza haber enseñado a quienes prometen respetar las normas cuando estudian y luego hacen todo lo contrario para no perder un cargo público por sobre el ordenamiento jurídico. Con ello quedan bien con la autoridad demandante o simplemente actúan por miedo a dictaminar contra el poder.
Por ello el jurista Fabián Corral advirtió mucho antes en Ecuadoradio que quisiera ver a los jueces de nuestro país decirles no al poder actual o al futuro poder o a cualquier poder en abstracto.
Los hechos de hoy no son la excepción y se repiten con otros actores. Consta la sentencia de primera instancia contra dos periodistas y cuya jueza (que ni siquiera habría calificado en las pruebas judiciales de la actual evaluación, pero en el Consejo de la Judicatura se aclaró que se maneja con reserva hasta que concluyan apelaciones y reconsideraciones y podría continuar o no en el cargo luego de este fallo) dispone a cada uno el pago de un millón USD. Con su dictamen, juristas sostienen que hoy se sientan nuevas teorías del Derecho. No se necesitan pruebas para dictar una sentencia. Vale la palabra, pero solo de un sector.
Esto confirma la continuación de la triste historia del país, de la injerencia en las decisiones judiciales y el primer detractor es el hermano del mandatario, el protagonista principal del libro ‘El Gran Hermano’, que felicitó y se solidarizó con los periodistas y recuerda que fue él quien les proporcionó parte del material.
Basta revisar la historia republicana y encontrar que todos los poderes (gobiernos de turno, élites económicas, políticas y hasta medios vinculados en la crisis bancaria y hoy bajo la égida oficial) han influenciado en las decisiones judiciales. El último período incluso con el anuncio de meterle mano a la justicia y a confesión de parte, relevo de prueba.
Allí están los resultados y próximamente se esperan más (caso El Universo) que han merecido la crítica y el repudio internacional. Se vive otra época de la sinrazón jurídica, de la afectación a las garantías constitucionales, de decir 2 más 2 son 8, 16 o lo que se diga en el poder y cuidado alguien osa con observar porque viene de inmediato el insulto y la amenaza de juicio. O se auto silencian y dejan de investigar actos de corrupción que siguen, como hubo en todas las administraciones, o se les liquida. ¿Esto es democracia? Esto refleja la aplicación de una Constitución de derechos, que tanto se reivindica al mundo, que consagra el respeto a las libertades y la independencia de las funciones del Estado? ¿Cabe una colecta ciudadana de un dólar para recoger simbólicamente el dinero e indemnizar al demandante?