8 de May de 2010 00:00

La Asamblea y el juicio político

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José Ayala Lasso

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El reciente intento de juicio al Fiscal de la Nación demostró que el alma de las instituciones y de las personas que las representan está gravemente afectada por prácticas inaceptables y corruptas. En el mar de reacciones contrapuestas a las que dio lugar el intento de juicio, se pudo observar una gran confusión, odiosidad, prepotencia.

La circunstancia por la que se puso en marcha el juicio fue, en la percepción general, un desafortunado accidente de tránsito que, por sí solo, no justificaba el enjuiciamiento; pero, en tal contexto, se produjeron hechos y se adoptaron posiciones que sí le daban fundamento suficiente.

El Presidente de la República calificó de “inoportuno” al juicio, en actitud impropia de un mandatario respetuoso de la independencia de las funciones de un Estado democrático. Inoportunidad ¿con respecto a qué?

Los debates en la comisión y el plenario de la Asamblea perdieron el rumbo racional. La comisión no puede juzgar en una especie de primera y única instancia. Su papel debería ser el de verificar la existencia de motivos suficientes para el proceso, dejando al plenario el pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones.

Un enjuiciamiento político debe ser entendido como el ejercicio de una facultad fiscalizadora y el cumplimiento de una obligación esencial de la Asamblea, pero también como la oportunidad para que el acusado exhiba públicamente sus razones y demuestre su inocencia. Evitar que se realice un juicio puede ser una victoria política, pero esa victoria pírrica deja en la ciudadanía la sospecha de que hubo la intención de mantener ocultos ciertos hechos que debieron ser debatidos y aclarados.

Todos perdimos al producirse el ‘limbo’ legislativo. Los oscuros nubarrones que enturbian el panorama de la vida pública ecuatoriana inducen a pensar que la prepotencia y la consiguiente sumisión inspiran ciertas actitudes políticas. La corrupción es su indeseada acompañante. El odio y los intereses políticos han reemplazado a la prudencia, serenidad y adhesión a los valores morales y cívicos. Se practica la descalificación de las personas en lugar de confrontar las ideas. Hemos perdido el respeto a las instituciones del Estado y a sus representantes porque estos, con excepciones, han perdido respetabilidad. El pueblo mira, confundido y desilusionado.

Exculpar al inocente y sancionar al culpable es obra de buen Gobierno. Pero permanecer en el limbo, sin saber si se hizo o no justicia es recorrer caminos de autodestrucción.

El Ecuador necesita una renovación ética desde lo más alto. Sus instituciones deben prestigiarse mediante el ejercicio responsable de sus deberes, por incómodo que esto pudiera ser. La Asamblea falló lamentablemente en este caso. “Algo está podrido en Dinamarca”, como dijo Shakespeare, en Hamlet.

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