Andrés Jaramillo

Asamblea, bloqueada

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La reestructuración de las comisiones y el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) está por concretarse en la Asamblea.

El argumento oficialista es que, con esa medida, se busca desbloquear esas instancias para que se pueda avanzar en el trabajo de legislación y fiscalización.

Sobre todo en las mesas cuyas cabezas pertenecen al autodenominado grupo de la Revolución Alfarista (correísta), que se han convertido en una piedra de toque para las autoridades del Gobierno.

Si bien existe algo de verdad en esa afirmación, el bloqueo legislativo no solo responde a la pugna en Alianza País. Durante más de una década, los legisladores se acostumbraron a recibir directrices de un Ejecutivo activo en la vida de la Asamblea.

En la actualidad, ante la ausencia de una agenda dispuesta por una figura imponente, los legisladores se ven en la obligación de construir una de consenso, incluso con las otras bancadas que no están cerca del oficialismo, y no saben cómo hacerlo.

La oposición ‘dura’ también ha contribuido para que el Legislativo siga acumulando una deuda con sus mandantes.

Pese a que hay consensos, por ejemplo, para impulsar determinadas leyes o reformas; como a la Orgánica de Comunicación, el tratamiento se entrampa porque las partes se niegan a ceder posiciones.

El oficialismo se propuso no dar el triunfo de una ley aprobada o el inicio de un juicio político a bancadas como la de Creo, por el simple hecho de que son oposición. Y aunque Creo y el Partido Social Cristiano se definen como críticos al Gobierno, no logran ponerse de acuerdo -por la pugna entre sus principales líderes- en temas que son de interés común. Ya se evidenció en la destitución de la presidencia de la Asamblea de José Serrano.

Para que se pueda desbloquear el trabajo de fiscalización y legislación se requiere más que cambios en las mesas. Las bancadas deben enfocar su trabajo en los intereses propios y del país, en lugar de sus posiciones políticas.