Arturo Torres

Chiriboga: las lecciones de eternizarse en el poder

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El escándalo de corrupción que salpica a altos personajes del fútbol mundial evidencia, entre otras cosas, los vicios de la perpetuación en el poder.

41 dirigentes y empresarios de diferentes países están implicados en la investigación que llevan adelante diferentes organismos de justicia de Estados Unidos, desde mayo pasado. El jueves se conoció que uno de ellos es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga.

En febrero próximo, Chiriboga estaría por cumplir 18 años al frente del máximo organismo del fútbol ecuatoriano. Durante su permanencia en el cargo el dirigente ha sido cuestionado desde diferentes sectores por su manejo clientelar: otorgaba beneficios a los dirigentes a cambio de votos. Siguiendo el mismo esquema de otras federaciones internacionales, la FEF se fue consolidando las últimas décadas como un ente intocable, que no rinde cuentas de sus actuaciones a ningún organismo independiente. Ni siquiera la justicia ordinaria puede indagarla, so pena de que el país sea excluido de competiciones internacionales, una amenaza institucionalizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Pese a que han habido denuncias sobre irregularidades en la FEF solo una prosperó en el campo judicial: el insólito caso de coyoterismo que involucró en 2006 a Vinicio Luna y Patricio Maldonado, sentenciados por ese caso. Hoy la investigación debió llegar desde el exterior y ha mostrado, por lo pronto, un esquema de corrupción sistemático. Los principales protagonistas son las cabezas de las federaciones, acusados de conspirar para solicitar y recibir más de 200 millones de dólares en sobornos de ejecutivos de empresas de marketing desde 1991.

Resulta paradójico que el mismo día en el que se conocía la acusación contra Chiriboga, la Asamblea cambiaba la Constitución con dos efectos perniciosos: la merma de facultades de control a la Contraloría General y la reelección indefinida a cargos de elección popular, que regirá desde el 2017.