Arturo Torres

Patrimonios bajo sospecha

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El patrimonio de seis asambleístas está bajo la lupa de la Contraloría. A pesar del hermetismo con que la entidad de control maneja la información, trascendió que cinco de los investigados militan en filas del oficialismo. El sexto pertenecería a otra agrupación política.

El debate atañe a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo vigilar que una autoridad que llegó a un cargo público no se aproveche de sus funciones para engordar su bolsillo?

La discusión sobre este tema se acentuó en el país a inicios de este año. Esto, a propósito de una reforma legal según la cual las declaraciones patrimoniales de aproximadamente 500 mil servidores públicos deberán hacerse en línea directamente ante Contraloría, en lugar de entregarse la documentación física ante un notario.

El cambio parecería intrascendente, pues de todas maneras el original del documento queda en poder de la Contraloría, que tiene la potestad de analizar la evolución histórica de las declaraciones (que son bianuales), para detectar crecimientos patrimoniales que pudieran evidenciar un posible caso de enriquecimiento ilícito.

Pero el tema de fondo es otro. ¿Constituyen las declaraciones de patrimonio de las autoridades de turno información pública, y por tanto escrutable desde la sociedad? El presidente Correa afirmó a través de su cuenta en Twitter que estos datos siempre fueron públicos. Pero la difusión de esta data dependió hasta ahora del criterio de las autoridades. El Observatorio Legislativo, entidad ciudadana de vigilancia de la gestión parlamentaria, pidió a los 137 parlamentarios que -en un acto de transparencia- difundieran sus patrimonios; solo 28 lo hicieron.

La nueva ley establece que la información será pública. Regirá solo desde enero del próximo año. Es tarea de la sociedad vigilar cómo llegan los bolsillos de las autoridades cuando asumen sus cargos. Y cómo quedan cuando dejan sus cargos. En este proceso también es fundamental la Fiscalía, que debe seguir la investigación y evitar la impunidad.