Julio Echeverría

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15 de April de 2012 00:01

La discusión sobre la Ley de Comunicación tiene una nueva oportunidad, luego del fracaso del Gobierno al tratar de aprobarla esta semana. La falta de consensos alrededor del tema impidió que la Ley sea aprobada en paquete, su discusión será artículo por artículo, lo cual permitirá que los asambleístas y la ciudadanía debatan con mayor profundidad las implicaciones de cada uno de los aspectos que aborda este cuerpo normativo.

La ley concibe a la comunicación como un servicio que debe ser prestado para satisfacer el derecho a la comunicación, más que como un bien intangible que pertenece a la sociedad y que debe ser protegido y preservado por la Ley. Un espacio que, como tal, debe ser preservado en su diversidad, amplitud y pluralidad. La Ley reduce la comunicación a un problema de distribución equitativa de la oferta de este servicio entre prestadores públicos, privados y comunitarios.

Al concebir la comunicación como un servicio al que hay que garantizar su acceso, la Ley se proyecta a regular este bien público intangible que es la comunicación; para ello estipula principios llamados ‘deontológicos’, que aparecen como normas sujetas a interpretación por la autoridad reguladora y por tanto susceptibles de juzgamiento y sanción.

Para juzgar y castigar, la Ley prevé la conformación de un Consejo de Regulación, con cinco integrantes, de los cuales tres provienen del sector público). La definición de si un periodista, ciudadano, colectivo o medio de comunicación cumplió o no la Ley, y por tanto es sujeto o no de sanciones, puede ser decidido por el delegado del presidente, el delegado de los Consejos de Igualdad (designados por el presidente) y el delegado de los gobiernos locales (con probable mayoría del partido de gobierno). El Consejo de Regulación se convierte en mecanismo de control de la libre expresión, con poder necesario para acallar la crítica al gobierno y al ejercicio de oposición.

Finalmente, la redistribución del espectro radioeléctrico entre prestadores públicos (33%), privados (33%) y comunitarios (34%) plantea también fuertes interrogantes. ¿Tendremos más medios financiados con recursos públicos y dirigidos a la promoción personal y partidaria de quien esté en el poder? La reducción de la participación privada en el espectro, ¿implicará el retiro de frecuencias a los opositores al Gobierno, o a quienes estén a favor? Y con respecto a la asignación de frecuencias a los medios comunitarios, ¿qué deberán hacer para merecerla y para conservarla?

Este conjunto de argumentos pone en evidencia el alto riesgo para la democracia que implicaría la aprobación de este proyecto de Ley en los términos en que está formulado. Está en juego la legitimidad de la Asamblea como efectivo espacio de representación del interés ciudadano.