España no logrará que Argentina compense adecuadamente la expropiación de Repsol. Es batalla perdida. Cuando, hace una década, declararon suspender los pagos de su deuda soberana, no pasó nada. Borges opinaba que los peronistas no eran ni buenos ni malos. Eran incorregibles.
Al gobierno de Cristina Fernández le es políticamente rentable mostrarse duro “contra la arrogante empresa extranjera que se llevaba los beneficios y dilapidada los recursos nacionales”. Un discurso que los argentinos escuchan y suscriben desde hace 70 años. Incluso en España, a los comunistas les parece bien que el Estado nacionalice las empresas.
Y hay rehenes. Hay otras grandes empresas españolas –como Telefónica y los bancos Santander y Bilbao Vizcaya– que podrían afectarse por la posición que adopte España. Bastará una pinza entre el acoso sindical y los inspectores fiscales para que cunda el pánico. Además, podrían solicitar que Repsol pague miles de millones de dólares por daños ecológicos. Ecuador lo hizo con la petrolera Chevron, pese a tener acuerdos firmados que lo impedían, pero un juez local la condenó a pagar 6 300 millones de euros, o 13 600 si no se disculpaba. En Ecuador, 30 000 firmas acompañaron la querella. En Argentina recogerían un millón. Allí el ambientalismo antiempresarial es muy popular.
Los derechos de propiedad son muy frágiles en Argentina. Si un gobierno es capaz de robarse los ahorros de sus propios ciudadanos (el corralito) o saquear las cajas de jubilación, y continuar ganando elecciones, ¿cómo extrañarse de que el mandatario de turno despoje ilegalmente a una empresa extranjera de sus activos?
Durante el periodo de privatizaciones (1990), algunas empresas foráneas se beneficiaron del clima de corrupción. Precedente que convierte en hipocresía la invocación actual del Estado de Derecho. Argentina no es Suecia.
Resulta muy riesgoso invertir donde no existe seguridad jurídica. Tiene más sentido competir en el difícil Primer Mundo, con reglas claras y árbitros imparciales, aunque la tasa de beneficios sea menor, para evitar que el esfuerzo empresarial desaparezca por un zarpazo de los políticos.
Si nos dan alguna ventaja injusta para entrar en un mercado (no me refiero a Repsol, pues le supongo rectitud y transparencia), esa facilidad que hoy disfrutamos mañana la tendrá otro que, gracias a sus conexiones, nos desplazará. La frase de Groucho Marx, que expresaba no querer pertenecer a ninguna asociación o club tan degradado que fuera capaz de aceptarlo, aplica al mundo empresarial: no vale ganar haciendo trampas de la mano del gobierno. El que a trampa mata, a trampa muere.