Daniel Gutman

Argentina quiere ser potencia minera

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Argentina no tiene la tradición minera de otros países sudamericanos, pero la historia podría empezar a cambiar. El gobierno pretende atraer inversiones extranjeras por 30 000 millones de dólares para aprovechar el gran potencial minero que tiene de desde el norte al sur del país la vertiente oriental de la cordillera de los Andes.

Sin embargo, a las complejidades que de por sí presenta la tarea de seducir a los grandes capitales, se suma un obstáculo muy significativo: la resistencia del movimiento ambientalista contra la minería a gran escala, que en muchos lugares del país ha movilizado a comunidades enteras y ya obtuvo grandes triunfos.

“Tenemos una gran oportunidad de desarrollar un recurso que la Argentina tiene y que puede ser más importante todavía que lo que nos genera la agricultura”, dijo el presidente Mauricio Macri en junio en la Casa Rosada, sede del gobierno, durante un acto en el cual estuvo acompañado por gobernadores y vicegobernadores de 12 de las 23 provincias del país.

En aquella oportunidad se firmó el Acuerdo Federal Minero, que establece algunas pautas uniformes para todo el país en cuanto a las regalías a ser cobradas por los gobiernos provinciales y a aspectos mínimos de cuidado ambiental.

Pero, sobre todo, el gobierno buscó dar hacia el exterior una señal de compromiso nacional con la actividad y disipar las dudas de los inversores, en un país donde la minería ha sido repudiada por muchas comunidades.

En Argentina, según lo establece la Constitución, los recursos naturales pertenecen a las provincias, que son las que fijan las reglas en cuanto a protección del ambiente.

Actualmente son siete las provincias donde, debido a la presión social, están vigentes normas que prohíben la minería a cielo abierto o con la utilización de cianuro y otras sustancias riesgosas, que suelen emplearse para separar los metales valiosos de la roca. La pionera en la materia fue la sureña provincia de Chubut.