Antonio Rodríguez Vicéns

Un prisionero para Carondelet

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En mi artículo ‘Trampa, transición y permanencia’, publicado el 26 de octubre de 2010 (hace seis años), anticipé un problema que el próximo presidente tendrá que enfrentar: la ‘revolución ciudadana’ consolidó el control del poder mediante el atropello a las instituciones, las violaciones y las trampas constitucionales y legales. La Asamblea Constitucional de Montecristi, cuya nefasta tarea seguiremos padeciendo, fue un instrumento eficaz. En sus últimos días incorporó subrepticiamente al texto constitucional el denominado ‘régimen de transición’, que fue convertido en el instrumento idóneo para lograr la prolongación de los períodos de sus funcionarios públicos.

El presidente de la República, por ejemplo, fue elegido para un período de cuatro años, sin reelección inmediata. El respeto a las reglas según las cuales fue elegido habría determinado la conclusión de sus funciones en enero de 2011. Teniendo en cuenta ese hecho, en la Constitución de Montecristi se estableció, con efecto retroactivo, un período de cuatro años con reelección “por una sola vez”. Así, el período presidencial se prolongaría hasta enero de 2015. Sin embargo, como el ‘régimen de transición’ dispuso la convocatoria a nuevas elecciones y que el período de los reelegidos sería el primero, ‘borrando’ dos años y ocho meses anteriores, prolongó ese período hasta agosto de 2017 (en total, seis años y ocho meses más).

Por otro lado, impuso períodos de más de cuatro años para algunos funcionarios públicos y para los miembros de varios organismos. En esas circunstancias, al posesionarse un nuevo gobierno, el presidente de la República, cuyo período en cambio sólo durará cuatro años, tendrá copadas esas funciones por representantes del correísmo: la Corte Constitucional (con mucho poder), el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Fiscal General, el Contralor, el Procurador… La Asamblea Nacional, decapitada por la Constitución de Montecristi, previsiblemente estará fraccionada y carecerá de una sólida mayoría.

Las elecciones, aun cuando pierda el candidato oficial, no determinarán un cambio real en la conducción del estado. La manipulación de los principios de la democracia y de sus instituciones y el manejo perverso de los períodos de duración de funcionarios e integrantes de organismos públicos, que impedirán al nuevo gobierno conducir al país por los caminos anunciados en la campaña electoral y legitimados por el voto mayoritario de los ciudadanos, harán imposible la necesidad de desmontar el sistema concentrador del poder impuesto por la ‘revolución ciudadana’. El próximo presidente de la República, si no adopta medidas drásticas, con firmeza y valentía, será un prisionero político del correísmo.