Marcelo Ortiz

El angustioso silencio electoral

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Las empresas dedicadas al análisis de la opinión pública debieron reprogramar su trabajo técnico para estos tres años en que el pueblo ecuatoriano no será convocado a ningún acto electoral. La última posibilidad la anuló el Consejo Nacional Electoral al rechazar más de 250 000 firmas que habrían obligado al Gobierno a convocar una consulta popular que impediría la explotación petrolera en el Yasuní. Por eso, los eventos previos al silencio de 3 años, fueron: 1. para la 2ª reelección del Presidente de la República y la integración de la Asamblea Nacional en febrero-2013, y 2º. Las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y consejeros del 23 de febrero del 2014.

El silencio se da cuando el poder absoluto cree innecesario ningún elemento electivo intermedio como el de sustituir, siquiera a la mitad de asambleístas, por ejemplo, a los dos años de ejercicio, como ha sido la constante constitucional en parte de la vida republicana en la renovación de la cámara de diputados, en especial cuando el congreso era bicameral. En cambio, en estos ocho años se han convocado a nueve eventos electorales que comenzaron con la 2ª vuelta para abrir la era correísta en diciembre del 2006. El 1º para aprobar la necesidad de una Asamblea Constituyente, luego fue la elección de sus integrantes; uno más, para ratificar el texto de la Constitución del 2008; el 4º para que se consulte sobre la intervención total en la Función Judicial que fue el comienzo para abolir su independencia. Luego vino la supresión de los eventos taurinos que terminó con la máxima fiesta de Quito; se agregó el cierre de las casas de juego que dejaron en el desempleo a 8 000 familias. Todo a un alto costo de gastos electorales a un promedio de uno por año.

A todo este triunfalismo electoral, que incluyó la 2ª reelección de Correa de febrero del 2013, le advino una derrota evidente el 23-II del 2014, en los espacios gigantes de Guayaquil y Quito, junto a Manta, Cuenca, Machala, Portoviejo, Guaranda, Ibarra, Otavalo y Ambato, y algunas prefecturas como la del Azuay. Hace 10 días, esas fuerzas y otras, que totalizan 16 alcaldías y 4 prefecturas, se reunieron en Guaranda, y suscribieron una declaración de 12 puntos cuyo enfoque institucional es la autonomía real frente al Gobierno central, y fijaron octubre para volver a reunirse; a la vez, que destacaron su representación de siete millones y medio de la población ecuatoriana.

A lo analizado, hay que agregar la marcha pacífica multitudinaria del 17 de septiembre en Quito, que terminó llenando la plaza de San Francisco, y fue desalojada brutalmente por la Policía, que incluyó divisiones de caballería bien dotada. Fue innecesaria la presencia de adherentes al Gobierno en la Plaza de la Independencia, cuando una parte del pueblo convocada por el sindicalismo ocupa calles públicas para expresar ideas; tanto más, que sin asidero en esta realidad, algunas empresas de opinión dicen que el 60% aprueba la acción gubernamental, sin que su métrica recoja estas posiciones evidentes de rechazo.

mortiz@elcomercio.org