Arturo Torres

Despilfarro y corrupción

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 59
Triste 3
Indiferente 2
Sorprendido 0
Contento 51

Despilfarro en una mano y corrupción en la otra. Así pasará a la historia el retrato de esta década.

Cegado por la bonanza petrolera, el anterior gobierno se empeñó en gastar a manos llenas. El ahorro público se satanizó. En su lugar, se habló de inversiones, un hábil cambio de conceptos con fines clientelares.

En esa línea, se eliminaron los fondos de ahorro que se nutrían con el excedente por los ingresos del crudo y servían para cubrir, entre otras, el servicio de la deuda externa. Toda la plata fue directamente a Finanzas, que adquirió más poderes como la facultad de aprobar los aumentos y rebajas de los créditos externos hasta en un 15%, respecto al presupuesto aprobado por la Asamblea. Las condiciones de los préstamos se declararon reservadas. En diez años, la deuda pasó de USD 13 000 millones a 42 000 millones. Se abrió la puerta a un gasto desmesurado, nunca antes visto. Se estima que en la administración de Rafael Correa ingresaron a las arcas fiscales unos 300 000 millones de dólares. Buena parte fue para gasto corriente, que alimentó un estado obeso, descomunal. Se contrataron cerca de 200 mil nuevos burócratas. El 2016, el Estado pagó 9 000 millones en salarios.

También hubo -hay que decirlo- una inversión importante en el área social. Se redujo la pobreza en 15 puntos.

Un tercio de los ingresos (unos 100 mil millones) se destinó a obra pública. Para ‘agilitar’ los proyectos se eliminaron los informes previos de la Contraloría y la Procuraduría. Así se dio vía libre a la contratación sin estudios técnicos de factibilidad de las obras. Esto desembocó, sobre todo en el sector petrolero, en contratos complementarios y millonarios sobreprecios. Se eliminaron los concursos: la adjudicación a dedo se volvió la norma. El Legislativo no fiscalizó. Todas las funciones se sometieron a los intereses del Ejecutivo.

Ese fue el caldo de cultivo de una corrupción institucionalizada, cuyo costo aún no ha sido cuantificado, pero tiene responsables. La Justicia debe identificarlos y exigirles cuentas.