En la última encuesta de empleo divulgada por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) se advierte una baja en el número de afiliados a la Seguridad Social en el país. Hasta septiembre del año pasado, un 30,3% de las personas con empleo tenía esta cobertura, mientras que en igual período de este año ese grupo bajó al 29,5%. Eso quiere decir que más o menos unas 100 000 personas dejaron de recibir esas prestaciones.
En la misma encuesta hay otro dato de la realidad laboral en el Ecuador: la informalidad aumentó. En septiembre del 2016 esta se ubicó en 44,5% y este año subió a 46,4%. Allí Quito es una muestra, los semáforos se han convertido en centros de abastos, aunque aún no hay datos precisos para identificar si en esa cifra pesa la presencia de extranjeros. En cuanto al subempleo por ciudades, donde más se incrementó hasta septiembre fue en Guayaquil y Machala.
A escala regional, esta semana la Cepal y la OIT difundieron el reporte Coyuntura Laboral en donde no se advierte un escenario alentador. La principal conclusión es que el desempleo urbano en América Latina y el Caribe alcanzará el 9,4 % a fines de 2017, medio punto porcentual más que el año pasado, debido al bajo crecimiento económico de los países de la región.
Retornando al Ecuador, en el último trimestre no se prevén grandes cambios. En las empresas privadas, que generan nueve de cada diez empleos, no hay mucho entusiasmo para crear nuevas plazas, salvo aquellas ocasionales que se generan durante la temporada navideña. El plan económico del Gobierno no generó entusiasmo en las grandes corporaciones y por el contrario desalienta a muchos a seguir invirtiendo.
No obstante, en el camino se plantea un acuerdo nacional por el empleo, en donde se propone mucha voluntad para favorecer a los encadenamientos productivos y promover la competitividad. Más allá del diálogo es indispensable trazar y difundir la hoja de ruta, los pasos a seguir, los compromisos asumidos.