Lo que ocurrió este feriado es simplemente inexplicable. En medio de una crisis desatada por la violencia en la frontera, el país entró en un feriado de cuatro días sin que el Gobierno posesione a los ministros de Defensa e Interior, encargados de la seguridad del Ecuador.
Las secuelas fueron evidentes. El lunes no hubo quién confirme o niegue el supuesto comunicado del Frente Óliver Sinesterra, que aparentemente imponía condiciones a Ecuador y Colombia, para entregar los cuerpos del equipo periodístico de este Diario y la liberación de dos personas plagiadas.
Ese día, en el Palacio de Gobierno únicamente se aseguró que “las autoridades verifican la autenticidad de la información”. No hubo más pronunciamientos.
Los familiares de los cinco ecuatorianos trataron de comunicarse con los nuevos funcionarios, pero no lo lograron.
Los flamantes ministros han manifestado a periodistas que no están posesionados, que no pueden hablar y que apenas hoy mantendrán una reunión con el Presidente. Una respuesta por demás entendible.
La Vicepresidenta de la República recién habló ayer y repitió la misma información: se verifica la autenticidad del documento.
En medio de ese hecho, en este feriado se desataron otros escenarios que asustaron a la población: falsas alertas de bomba en Santo Domingo, en Ibarra y en Portoviejo. La información sobre estos sucesos fue escueta.
Entonces, hay mucho que ajustar y convertir esta crisis en oportunidad. La autoridad debe trazar líneas sólidas, para atender a los ciudadanos y que ellos sepan cómo actuar cuando se evacúan hospitales, escuelas, etc.
Igual de importante es saber quién o quiénes están detrás de las decenas de llamadas anónimas que alerta de artefactos explosivos.
El Código Penal (art. 396) castiga con cárcel de hasta 30 días a quien haga uso indebido de la línea de emergencia. Es deber del Estado precautelar la seguridad integral y la paz del país (Constitución, art. 3). Pero urgen acciones y decisiones claras dentro del Gobierno.