Octubre ha sido sensible para la Policía. Apenas comenzaba ese mes y 17 sospechosos, entre ellos agentes, eran capturados por pedir hasta USD 2 000 a jóvenes que buscaban entrar a la institución. Hace 8 días hubo otros 10 detenidos que exigían pagos de entre USD 1 500
y 13 000 para “ayudar” a los aspirantes.
Detrás de esa operación delictiva estaban tramitadores o personal activo que debían verificar si los postulantes pasaban o no el detector de mentiras. Además, médicos, encargados de avalar el estado físico de los futuros policías. Muy grave lo que sucedía.
La autoridad reaccionó y dijo que los uniformados involucrados serán separados. Que así sea. Que la depuración no pare.
El informe 2017 de la Corporación Latinobarómetro dice que Ecuador está en el segundo puesto, de entre 18 naciones de América Latina estudiadas, en donde los ciudadanos tienen más confianza en la Policía; solo está superado por Uruguay.
Los resultados de ese estudio son positivos y hay que afianzar a esa institución, encargada de dar seguridad al ciudadano.
Que no se repitan arrestos de altos oficiales y personal de tropa involucrados en drogas, homicidios, asesinatos o extorsión.
La lista de los delitos perpetrados por los gendarmes es larga y también aparecen tortura, tenencia ilegal de armas, tráfico de migrantes, cohecho, estafa, evasión, etc.
Que los filtros para escoger al personal sean más agudos. Caso contrario, el país puede volver a vivir lo del 26 de febrero del año pasado, cuando el exjefe de todos los agentes, Fausto Tamayo, se entregaba voluntariamente a la justicia por la ilegal venta de pases.
Su caso parecía cerrado pero, la semana pasada, la Fiscalía de Pichincha pidió a la Corte Provincial que fijase hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos por un nuevo delito: presunto enriquecimiento ilícito.
La justicia debe aclarar todo y la Policía asumir su tarea de no permitir que personas sin ética lleguen a sus filas. El país no quiere más corrupción en esta institución tan sensible.