El grupo de Alianza País que está más cerca del expresidente Rafael Correa y del vicepresidente, Jorge Glas, ha intentado posicionar la idea de que la crisis que enfrenta el oficialismo en la actualidad es ética.
Por eso insiste en aquello de que el actual presidente Lenín Moreno se está alejando de los valores fundacionales del movimiento. Y que además está pactando con grupos políticos alejados de los ideales de la denominada Revolución Ciudadana.
Así se busca reducir la situación política actual a una pugna entre el bien y el mal, en donde el correísmo -convenientemente- intenta ubicarse en el bando de los buenos.
Pero la ruptura trasciende lo moral e incluso lo ideológico. Los casos de corrupción que se han ido divulgado, sobre todo en el sector petrolero y alrededor de la empresa constructora Odebrecht, dan cuenta de una presunta trama de sobornos a gran escala, en donde habría funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de gobierno.
Además, las cifras económicas del país que han sido divulgadas por la nueva administración, evidencian que hubo un manejo inadecuado -por decirlo menos- de las cuentas fiscales durante la última década. Sobre todo en lo que tiene que ver con el endeudamiento público.
Todo lo que ha ocurrido conllevaría responsabilidades no solo político-administrativas sino también penales, que a los grupos que están cuestionados conviene tener bajo el tapete. Entonces, la pugna que el país presencia en el Gobierno parecería que no tiene que ver solamente con los valores y principios de la Revolución, ni el cambio de un estilo.
Lo que parece que está en juego es la voluntad o no de develar todos los hechos y alentar la actuación de la justicia de modo independiente.
Ambos caminos tienen consecuencias. Pero el del combate a la corrupción y la transparencia fiscal pudiera dar al actual Gobierno el aire y el capital político suficiente por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil para adoptar las medidas contra la crisis.