Andrés Jaramillo

Los retos del Consejo Transitorio

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Hasta ayer por la tarde todo apuntaba a que la agenda legislativa no variaría esta semana, pese a la presentación, por parte del Fiscal, de un audio donde se recoge una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano; y el excontralor Carlos Pólit.

El 28 de febrero está previsto que se conozcan los siete nombres que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Quienes sean elegidos asumirán el compromiso de cumplir con al menos tres demandas sociales que resultan urgentes.

Una es la evaluación de las autoridades de control y fiscalización que han sido señaladas -con contadas excepciones- por actuar sin independencia. Uno de los 16 funcionarios nacionales que podrá ser evaluado es precisamente el fiscal Carlos Baca.

El Consejo Transitorio podrá cesar, por ejemplo, a quienes hayan permitido la instalación de un sistema de impunidad que facilitó los actos de corrupción que han comenzado a salir a la luz.
También a quienes se prestaron para perseguir a quienes en su momento los denunciaron y fueron críticos con el anterior Régimen.

Otra demanda social es garantizar que las nuevas autoridades sean elegidas sin que prime un sesgo político. Para ellos se deben reformar los reglamentos que, en buena medida, facilitaron el ingreso de personas cercanas al anterior Gobierno, como ha sido denunciado por exconsejeros del organismo como David Rosero.

De esas reformas dependerá también que en el futuro, cuando se instale el Consejo de Participación definitivo, se pueda garantizar concursos transparentes y veedurías ciudadanas que realmente contribuyan con la imparcialidad de los procesos.

Una tercera demanda tiene que ver con el mejorar los mecanismos de control y de participación ciudadana, que son parte de las deudas que dejan los consejeros de participación ciudadana. Los nuevos tendrán la potestad de hacer los cambios necesarios.