Geovanny Tipanluisa

La polémica guardia civil

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 1
Contento 49

El tema siempre fue polémico y la discusión bastante dilatada: seis años. El anterior Gobierno defendió siempre el Código de Seguridad y la creación de una guardia civil para cuidar al Presidente, al Vicepresidente y a otras autoridades, pues argumentaba que los militares no estaban formados para ello.

Pero, el lunes, cuando solo faltaba un día para que el Código sea aprobado, el presidente Lenín Moreno anunció que confiará su seguridad solo a las FF.AA. y a la Policía.

Parecería que así se cierra un capítulo más de la tensa relación que en la anterior administración protagonizaron Gobierno y FF.AA. Sin embargo, ya han aparecido voces desde el oficialismo que advierten una posible descontextualización de la versión entregada por el Primer Mandatario.

Quizá sea hora de superar esas estériles discusiones y sentarse a conversar, por ejemplo, sobre iniciativas como la presentada por la asambleísta Mae Montaño (Creo-SUMA), quien ha asegurado que presentará un proyecto para reformar el Código y poder eliminar la guardia civil.

Los opositores además recurrirán a la Corte Constitucional, para demandar la inconstitucionalidad de la norma y del Libro III, que crea el grupo civil de seguridad.

Si, en efecto, se quiere dejar en desuso ese servicio de protección, el Ejecutivo también debería dar señales claras e ir más allá del pronunciamiento del Jefe de Estado.

El Gobierno debe saber que si este nuevo cuerpo de seguridad no entra a operar en los próximo 10 años, como está previsto en el Código de Seguridad, el Estado dejaría de pagar USD 16,1 millones anuales en la capacitación, manutención y equipamiento del personal.

Por ahora, sostener a los 1 238 policías y militares que protegen a las autoridades significa destinar USD 17,2 millones. Y si el Presidente confía su seguridad en ellos debería profundizar su acercamiento a ellos. Solamente así se podrán superar las controversias que entre enero del 2016 y marzo pasado dejaron a 17 altos oficiales fuera de las filas militares.