La situación política y jurídica del vicepresidente Jorge Glas -con prisión preventiva por el caso Odebcrecht- ha puesto en una encrucijada al bloque oficialista, en la Asamblea.
Los legisladores tienen plena conciencia de que podría desmembrarse ese espíritu de cuerpo. Precisamente por eso, han evitado tomar una posición tajante.
Alianza País (AP) logró ganar tiempo al dejar ‘en manos de la justicia’ el caso. Sin embargo, ese tiempo se acaba. La audiencia donde se conocerá si la Fiscalía solicitará al juez llamar o no a juicio a Glas se acerca.
La mayor preocupación en la Asamblea parecería que no es solo el futuro del Vicepresidente, sino el de la mayoría legislativa.
Tras las elecciones generales pasadas, AP logró 74 de las 137 curules en disputa -en parte gracias al método D’Hondt, que benefició a los partidos fuertes-. Con esa cantidad de votos mantiene el control del Legislativo. Puede aprobar, reformar o derogar leyes orgánicas y ordinarias; decidir qué temas se debaten en los plenos y presidir la mayoría de comisiones.
Si AP se rompe, ese control podría ser trasladado a la oposición. El otro escenario es que se estructure una nueva mayoría, móvil, en la que los disidentes de País se alíen en temas puntuales con parte de la oposición. En ambos casos, el bastión político de AP en la Asamblea se vería seriamente afectado y pondría en riesgo su organización, incluso para encarar las elecciones
seccionales del 2019.
Por eso, el bloque oficialista ha tenido que medir cada paso y moverse al vaivén de la coyuntura política. Ahora, evitando que la situación del Vicepresidente los toque gravemente. Pero cabe recordar que cuando estalló el caso del ex contralor Carlos Pólit, censurado por la Asamblea, actuaron de manera distinta. Entonces, ningún legislador oficialista dijo que dejaría en manos de la justicia la situación de Pólit (investigado por concusión y asociación ilícita). AP lo enjuició y alardeó un discurso de combate a la corrupción.