Es un hecho cruel. Once niños, que apenas tenían entre 3 y 5 años de edad, eran explotados en las calles de Quito. Les obligaban a vender caramelos durante 10 o 12 horas en las afueras de centros comerciales y semáforos. Lo mismo sucedía con otros seis adolescentes.
Después de una redada, reportada a finales de enero, la Policía descubrió que quienes trataban así a los menores eran sus propios padres y tíos, quienes se organizaron y operaron ilegalmente. Ellos se llevaban todo el dinero que recogían los pequeños.
Ahora están detenidos ocho sospechosos y son investigados por trata de niños con fines de explotación laboral, un delito que es penado con cárcel de hasta 22 años si la víctima fallece (art. 92 del Código Penal).
De llegar a comprobarse toda la manipulación hacia los niños se debería aplicar la ley con el mayor rigor, pues la Constitución (art. 45) señala que los menores tienen derecho a la integridad física y psíquica, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, al respeto de su libertad y dignidad, etc.
Esa misma Constitución (art. 46) señala que el Estado dará protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica hacia los niños. Además, se prohíbe el trabajo de quienes tienen menos de 15 años y se indica que las labores de los adolescentes serán excepcionales.
Las disposiciones teóricas son claras, pero en la práctica ocurre una cosa distinta. La Policía, fundaciones y la propia Oficina contra el delito de la ONU dicen que niños ecuatorianos son explotados en Chile, Perú y Colombia.
Entonces, algo más hay que hacer, más aún cuando este tipo de hechos parecía que estaba controlado. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también advierte que en el Ecuador la trata de personas es frecuente. Y en el mundo, el Reporte Global de Trata de Personas 2016 de la ONU señala que el 79% de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Hay que revisar con responsabilidad estas cifras.