El proyecto de Ley Orgánica Integral de Salud Prepagada se aprobó en la Asamblea Nacional y ahora las empresas que se ven ‘afectadas’ por la norma definen nuevas estrategias para mantenerse en el mercado. Eso, como consecuencia de la polémica disposición que les obliga a realizar desembolsos al Estado, cuando sus asegurados utilicen la red de servicios, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como del resto de hospitales o centros de salud públicos.
Más allá de realizar una revisión de sus costos operativos, las empresas de medicina prepagada han anticipado que la aplicación de la Ley generará un aumento de al menos el 57% de los costos de sus servicios. Es decir, al final, el cliente asumirá las consecuencias.
Las autoridades afirman que no se permitirá que se afecte a los asegurados y por ello solicitan aplicar medidas cautelares, aunque se trata de un proceso que puede tardar, semanas, meses o años. Todo dependerá de la agilidad que se quiera dar al proceso. Pero lo más importante es que se cumplan con aquellas disposiciones que amplían la cobertura de la medicina prepagada a enfermedades raras, psiquiátricas, congénitas, catastróficas, oncológicas, entre otras. Además, de que no haya discriminación por edad, etnia, estado civil, orientación sexual, etc.
Mientras las empresas sacan la calculadora para ver cómo sortearán este nuevo capítulo de la agenda revolucionaria, el IESS se frota las manos, porque esta normativa le puede asegurar unos USD 70 millones. Es decir, casi el monto de lo que se endeudó -por primera vez en su historia-, para poder adquirir equipos de atención hospitalaria.
Actualmente, unas 900 000 personas tienen contratos con seguros privados. De ellas, 400 000 también cotizan obligatoriamente a la Seguridad Social. Con la nueva ley vigente, eso significará que los aportes que este grupo de personas hace a su empresa de medicina prepagada indirectamente se trasladarán al IESS. Claro, en la medida en que decidan optar por la atención pública.