Los hechos simplemente preocupan y llevan a preguntarse si los disidente de las FARC están en Ecuador. Hasta ahora se han reportado casos concretos, como la detención de 18 personas (6 de abril), que aparentemente fueron entrenadas por armados que decidieron no acogerse al proceso de paz colombiano.
Los procesados perpetraron ataques armados y hasta secuestros en Sucumbíos.
Parecía que las cosas quedaban allí con el arresto de los armados, pero la semana pasada se conoció que la Fiscalía del Guayas indaga a cinco bandas, cuyos integrantes habrían tomado contacto con exguerrilleros para que les adiestrasen. Es más, en un caso ya se comprobó esa sospecha.
A esto se suma información revelada el fin de semana desde Bogotá. Allí se indica que una parte de los disidentes ahora opera frente a poblaciones ecuatorianas.
Habría que tomar con cautela -y con mucha responsabilidad- estos sucesos. La idea es que las secuelas negativas de la paz en Colombia no impacten en Ecuador.
El Estado tiene una gran responsabilidad y el Gobierno tiene que saber que en las provincias fronterizas de Sucumbíos y Esmeraldas los militares carecen de suficientes equipos para un adecuado control.
Está bien que la autoridad diga que se blindará la frontera, que la inversión en Defensa pasó de USD 304 millones a USD 1 754 millones en los últimos 10 años, que se renovó el equipo militar, que se compraron aviones supersónicos, navíos y radares para el control aéreo, pero revisen las alertas que los uniformados han lanzado desde el 2015.
Ese año, un jefe militar reconoció que unas 250 toneladas de droga burlan los controles marítimos y terrestres del Ecuador y pasan a los mercados ilegales del exterior.
Al siguiente año, el entonces jefe de la Marina, Fernando Noboa, aseguraba que el servicio de Inteligencia en el mar no es efectivo.
Mejorar la operatividad es urgente, más aún cuando se ha alertado que los disidentes tienen fuertes nexos con carteles de la droga.