Las autoridades del Gobierno ya saben que la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea significa precisamente eso: liberar el comercio entre ambas partes. También saben que las salvaguardias que empezaron a aplicarse desde marzo del 2015 son un contrasentido, porque los mayores aranceles son un freno a las importaciones y eso no comulga con el libre comercio.
Las autoridades ya sabían eso desde julio del 2014, cuando terminó la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea, pero fue necesario que pasaran dos años y que el país entrara en una recesión económica para que el Gobierno empiece a tomar medidas que pudo tomarlas antes.
El Gobierno, y tal vez la sociedad ecuatoriana, están acostumbrados a dejar las cosas para el final, a tomar decisiones cuando la situación se pone complicada.
La eliminación progresiva de las salvaguardias desde el próximo mes y el arreglo de varios temas pendientes con la UE evidenciaron la urgencia por sellar el acuerdo comercial hasta fin de año, pues el Gobierno no tiene ni los recursos ni un plan B para evitar una crisis mayor si los exportadores nacionales pierden el mercado europeo por la falta de reglas comerciales estables.
A última hora, el Vicepresidente de la República fue a buscar apoyo la semana pasada por varios países europeos, con el fin de que el tratado de libre comercio quede listo hasta diciembre, lo cual aún es incierto.
Las acciones emprendidas hasta la fecha parecen mostrar que la meta del Gobierno se limitará a firmar el acuerdo comercial, sin entender que una liberación del comercio con la Unión Europea necesita de un plan de reconversión productiva que permita aprovechar las ventajas de la apertura comercial.
Y cualquier plan necesita la participación de los sectores involucrados: empresarios, trabajadores, ONG, autoridades seccionales, sociedad civil, Gobierno, etc. Pero como no hay ese plan, el acuerdo con la UE puede servir para empezar a armarlo, aunque sea tarde.