El gran reto para el fortalecimiento de la dolarización -a través del ingreso de más divisas con exportaciones- arrancó el 1 de junio. A partir de ese día ya no rigen las salvaguardias; es decir, las sobretasas que se aplicaron para 2 100 productos importados. La implementación de estas sobretasas fue impuesta por el Gobierno desde marzo del 2015, en medio de una difícil situación económica y con el objetivo de aplacar el grave efecto en la balanza de pagos provocada por la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar.
Una vez que se ha definido la forma en la que se creará el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, el siguiente paso es poner sobre la mesa los temas en los cuales se deben buscar acuerdos entre el sector público y privado. Además de los pedidos relacionados con una revisión del anticipo al impuesto a la renta o del impuesto a la salida de divisas, generar un shock de confianza o fomentar el crédito está el tema del consumo y las importaciones.
La recaudación por salvaguardias le permitió al Estado obtener USD 1 600 millones y ayudaron a contrarrestar el desbalance entre exportaciones e importaciones. Aunque, según los cálculos de los gremios del comercio, esta medida provocó la pérdida de 80 000 plazas de empleo y una reducción en las importaciones por USD 3 600 millones.
Ante las escuálidas cuentas fiscales, el Gobierno requiere medidas para cumplir su promesa de mantener la dolarización. Días antes de que asuma el actual Gobierno, el Canciller anterior dijo a la Comunidad Andina que Ecuador insistirá en adoptar una salvaguardia cambiaria automática, como un mecanismo para afianzar la dolarización.
El sector comercial quiere recuperarse del efecto que le provocó las salvaguardias y al mismo tiempo, el Estado no ha descartado aplicar algún tipo de restricción a las importaciones. Por allí reaparece la sombra del timbre cambiario. Este es uno de los grandes temas que pondrá a prueba el diálogo y los acuerdos entre Gobierno y empresarios.