César Augusto Sosa

Activos estatales a manos privadas

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 79
Triste 1
Indiferente 2
Sorprendido 0
Contento 5

La respuesta del Gobierno para superar la crisis es lenta y eso significa que la recuperación económica del país tomará más tiempo. Las autoridades no entendieron que era necesario ahorrar para las épocas de ‘vacas flacas’ y ahora intentan corregir el problema con la entrega de activos estatales a empresas privadas o mixtas, a cambio de recursos frescos. Esto ya se ha aplicado en el sector petrolero –campo Auca- y ahora se quiere ampliar a otros sectores productivos.

Las autoridades económicas han repetido con frecuencia que estaban preparadas para la crisis y que sí contaban con ahorros, los cuales se han invertido en hidroeléctricas, puentes, carreteras, etc. Pero se han demorado en entender que para enfrentar una recesión se necesitan ahorros líquidos, ya que las nuevas inversiones no se pagan con carreteras o hidroeléctricas, sino con dólares en efectivo. Por eso, cuando el Presidente de la República dijo el año pasado que la variable de ajuste en una crisis sería el gasto en inversión, en realidad estaba condenando al país a vivir la peor recesión en dolarización, lo cual explica que Ecuador esté dentro de las economías con peor desempeño en el mundo este año.

La falta de fondos de ahorro para hacer una política económica contracíclica generó una caída del 33% en la inversión del Gobierno el año pasado. En el primer semestre del 2016 volvió a desplomarse un 41% comparado con igual período del 2015.

El Régimen se demoró en reconocer la importancia de los fondos de ahorro y el martes pasado emitió el Decreto 1174, con el cual se establecen los procedimientos para hacer líquidas las inversiones del Estado en empresas y bienes públicos como la hidroeléctrica Sopladora, los medios de comunicación incautados, la aerolínea Tame, el Banco del Pacífico o Flopec. Pero cualquier activo, sea público privado, pierde valor en época de crisis y eso juega en contra del plan del Gobierno, con el cual también se anuncia una menor participación del Estado en la economía.