Durante la década pasada se acomodaron leyes, se cambiaron conceptos y se ocultó información sobre el manejo de la deuda pública. Y todo esto ocurrió frente a los ojos de los entes de control: Procuraduría, Contraloría y comisión de Fiscalización de la Asamblea.
La falta de control sobre el manejo de las finanzas públicas explica en buena parte el alegre endeudamiento del país, pues el Gobierno anterior -y también el actual- no encontraron límites para obtener recursos dentro y fuera del país, al precio que sea.
Solo esa falta de control explica que pese al ‘boom’ petrolero de la década pasada el país haya tenido que endeudarse a tasas altas, plazos cortos e incluso poniendo como garantía el petróleo y el oro de la reserva monetaria, considerados inalienables.
El Gobierno de Alianza País recibió en el 2007 unas finanzas públicas con USD 13 500 millones de deuda, interna y externa. En el 2009, tras el ‘defaul’, bajó a 10 200 millones, pero a partir del 2014 comenzó un proceso agresivo de endeudamiento que no ha parado hasta hoy. El último dato disponible es de enero pasado y muestra que el saldo de deuda está en 50 500 millones.
Y puede ser más. En la ‘década del endeudamiento’ se cambiaron conceptos para disfrazar la deuda con otros nombres: operaciones comerciales, preventas petroleras, operaciones de liquidez, etc. Todo esto apunta a que la deuda -bien registrada- será mayor, lo cual haría al tema aún más escandaloso.
El proceso de endeudamiento se manejó en un círculo íntimo llamado Comité de Deuda y Financiamiento, liderado por el Presidente de la República y otros tres y funcionarios elegidos por él. Ellos decidieron, reglamentaron, aprobaron y modificaron las operaciones de deuda. Y por último, declararon todo lo que quisieron como reservado, es decir, manejaron en privado la deuda pública.
Esta política de endeudamiento continúa. El nuevo plan económico, que está por anunciarse, será una oportunidad para transparentar el manejo de las finanzas públicas.