Hablar de reconciliación nacional, si hay sinceridad en las palabras, es positivo cuando se ha venido reclamando reiteradamente que se haga un alto a una etapa de polarización de posiciones, de intolerancias, imposiciones y autoritarismo, más allá de la necesaria reflexión en procura del bien común y el interés general, que finalmente termina afectado. Es pertinente discutir el perdón y olvido siempre y cuando se acierte hacia qué actos y procesos estén dirigidos y a quiénes se beneficie. Por sobre las injusticias, la persecución política y los abusos de poder es importante analizar los casos sin caer en la misma práctica del interés político de siempre o del revanchismo frente a lo sucedido al menos, durante la última etapa democrática.
Más allá de cualquier juzgamiento, que no nos corresponde hacer, obliga a reflexionar sobre las implicaciones legales y políticas que tienen las amnistías. Estos hechos pasan por tener coherencia en el discurso de los líderes, especialmente cuando se vendió una idea tan mala del pasado, que en realidad tuvo muchos errores y daños al país y a los ciudadanos, pero también hubo aciertos y avances. Desde ese punto de vista, ¿importa algo lo que digan los grupos de jóvenes idealistas que respaldaran el actual proyecto político? Qué dirán de lo que tanto criticaron y ahora también les toca allanarse en el camino o reivindicar principios, que se entiende son irrenunciables, aunque el sabor del poder altere los comportamientos. La ruptura termina muda y hecho trizas, ahora que ni siquiera pueden fiscalizar en la Asamblea.
Una reconciliación nacional sincera es necesaria si existe cambio de conductas y está dirigida a todos los sectores, no solo a los que interesa según los cálculos políticos y mediáticos. Por qué no se habla de perdón y olvido a favor de aquellos seres ignotos que sufren pobreza y miseria, que no pueden acceder a un empleo y una democracia que no ofrece oportunidades simplemente no es democracia. La amnistía no puede ser solo para actores políticos, aunque haya razón para ello, sino para los auténticos ecuatorianos que han sido condenados, de hecho a vivir en el abandono, que no pueden aún acceder a todos los servicios básicos, que luchan por sobrevivir, mientras los otros -no todos por cierto- han vivido cómodamente en el exterior.
Flotan interrogantes que deben ser despejadas antes de cualquier resolución. Si se perdonan estos procesos, quién reivindica a quienes murieron o se empobrecieron con el abuso reiterado de los recursos, que quedaron en la impunidad, y ahora hay que olvidarlos o con la muerte de muchos, solos, tristes, abandonados y sin su dinero que fue congelado infamemente hace más de diez años en una parte del sistema bancario y algunos de cuyos casos hasta ahora siguen pendientes.