América sin políticas claras sobre tráfico humano

Daniel Pastrana
International Press Service

Cada año, unos tres millones de personas que emigran de sus países entran ilegalmente a Estados Unidos y la mitad lo hace con la guía de algún traficante, en un negocio de casi 7.000 millones de dólares, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Aunque México sigue siendo el origen principal de los migrantes hacia EE.UU., en las últimas décadas se ha registrado un aumento del flujo proveniente de América Central y América del Sur, y más recientemente de países del Caribe, Asia y África.

Tres cuartas partes de estos nuevos migrantes deben cruzar el territorio mexicano y muchos de ellos son víctimas de redes criminales. Es una de las violaciones escondidas de los derechos humanos para decenas de miles de personas.

Pero, aunque el tráfico ilícito de migrantes es un delito transnacional, en los países involucrados en este fenómeno no existe una política transnacional para enfrentar el problema.

“Los acuerdos entre los países son para reprimir a la gente, para no dejarla pasar. Pero no hay un solo acuerdo bilateral o trilateral que realmente busque resolver el problema integralmente”, dijo a IPS en una entrevista Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

El MMM organiza cada año la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México y que ha impulsado un esfuerzo para tender puentes entre los países para la localización de los ausentes. “Nosotros hemos denunciado mil veces a ‘coyotes’ (traficantes de seres humanos, también conocidos como polleros) y nos les hacen nada porque no hay un intento serio de parar el problema. Los coyotes son un buen negocio para los gobiernos”, explicó la activista.

La trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes son delitos que en los últimos años han prendido focos rojos en América Latina, al igual que los organismos multilaterales.

Suplementos digitales