El 28 de diciembre de 2012, el Ministerio de Relaciones Laborales expidió una norma que regula el servicio de alimentación para las y los servidores públicos; autorizó celebrar contratos de prestación con diversas fuentes, al precio de 4 dólares sin incluir el IVA por cada servidor y por cada día laborado. El almuerzo que, en definitiva, resulta la única comida del día que cabe ofrecer, ocupa un tiempo que no podrá afectar a las 8 horas de la jornada de trabajo.
Transcurridos seis meses (R.O. 48, 31 de julio de 2013), tratándose de una agrupación humana de alta calidad que conforma la burocracia, el mismo Ministerio ha acordado expedir una norma sustitutiva. Ratifica los 4 dólares diarios, sin IVA y por cada día laborado; y se podrá proveer más de una comida diaria solamente en ciertos casos .
El régimen de los “comedores” existió siempre no solo en el sector público, sino también en el privado; pero no siempre han realizado supervisión eficaz para vigilar que la comida sea razonable, sustanciosa e higiénica, como manda la norma actual.
Extremando la broma quiteña, se decía que en el bar de la señora Dorita, que servía a periodistas, ofrecía: el lunes, arroz con una lámina de carne; el arroz sobrante, volvían a ofrecer al día siguiente con huevo; del sobrante del martes, el miércoles ofrecían tortilla de arroz; y, el día jueves, cocolón. ¡Por supuesto, estas deficiencias se producían únicamente en la época de la “larga noche neoliberal”! Con la actual revolución en marcha, se insiste sobre la calidad del servicio: alimentos preparados con productos de primera calidad, un menú sano y balanceado y alternativas dietéticas para las y los servidores que requieran de las mismas.
Los inspectores deberán verificar que no se repitan los ahorros en los servicios, como aquel descubierto cuando usaban el mismo aceite hasta por cuatro días; y así evitar que el empleado aumente de peso con hidrocarburos (perdón el lapsus calami) con carbohidratos .
Todo esto con la gran masa de alrededor de medio millón de empleados públicos. Antes -seguramente hoy ya no funciona el sistema- los funcionarios de elevado nivel; aquellos que reciben magnífico sueldo, vehículo con chofer a disposición, viajes y otra serie de beneficios (que el periodista Luis Cabezas los calificaba como “muertos y heridos” adicionales al sueldo), tenían también tarjeta de consumo para pagar comidas, bebidas, recepciones propias de sus valiosas funciones públicas, con cargo al presupuesto del Estado.
Hoy, cuando todo es “transparente”, cabe esperar que ya no existan tales tarjetas. Y no hacen falta, ya que brillan la virtud y más grandes valores; y tan solo a algunos nos “brilla el ojo”; y, a muchos más, los dos, anhelando la posibilidad de arribar al mundo de los derechos del “buen vivir” o sumak kawsay.