Lo ocurrido con el polémico y, desde los ángulos democráticos, insólito allanamiento a las viviendas y oficinas del asambleísta Cléver Jiménez y su asesor, configura un inédito caso que puede calificarse de “colusión política”.
La colusión, en términos generales, es el acuerdo ilícito de dos o más partes contra un tercero para perjudicarlo y beneficiarse; además, es posible practicarla y ejecutarla en el campo político.
Para analizar el contexto de este caso, es necesario partir del hecho de que solo en las dictaduras de cualquier tipo o color, el allanamiento es normal y comprensible para sus acólitos o beneficiarios. Pero en democracia jamás; por el contrario; es un procedimiento extraordinario y solo justificable por la inminente peligrosidad que ocasionaría un delito o por razones-siempre abiertas y proclives a la discrecionalidad- de atentados a la seguridad nacional. Los especialistas en la criminología deberán esclarecer si la intromisión ilegítima en cuentas privadas de autoridades de primer nivel de un Estado, además de constituir un delito, es un atentado a la seguridad nacional que se justifique un allanamiento a viva fuerza de viviendas y oficinas.
Con estos antecedentes la principal interrogante que debe afectar al país, más allá de las explicaciones pendientes sobre del material incautado, es la liviandad o ligereza de un procedimiento que pudiera generalizarse cuando el poder está basado en la fuerza, y “colusión” de actores gubernamentales, legislativos y estatales; por ende, a la violación de uno de los derechos humanos más elementales como es la seguridad de la vivienda.
En este caso se desarrollaron acciones para incautar material tecnológico producto del ingreso ilegal a cuentas privadas y a documentación de terceros mal habida, supuestamente relacionada con actos de corrupción. Según los referentes de la prensa en este proceso participó la Fiscalía, un juez, personal de apoyo de la fuerza pública de élite, la Presidenta de la Asamblea y hasta testigos de la Presidencia de la República.
Este operativo a diferencia del fiasco de Panamá, fue exitoso. Parafraseando a Lope de Vega en Fuenteovejuna: “Allanamiento, todos a una…!”.
Con seguridad esta modalidad no estará incorporada al nuevo Código Orgánico Integral Penal.
Tampoco será novedad para los actores políticos, partidos o movimientos, y candidatos que están dedicados a lo suyo en cada recinto electoral y lo temas nacional no son de su incumbencia.
Lo más grave es que sus líderes, caudillos o dirigentes no se sonrojan para mantener activas sus pretensiones para las elecciones del 2017. Se mantienen en el túnel del silencio frente a graves casos que conmocionan a la nación y creen que cuando salga la luz el vagón que conduce la vanidad o interés que los caracteriza ya estarán abiertas las inscripciones de los próximos comicios nacionales.